No son las madres comunitarias, es el neoliberalismo y la corrupción los que harán inviable al Estado
Opinión de Carlos Julio Díaz L.
Director General ENS
Desde hace varios años la Corte Constitucional, en reiteradas sentencias y fallos, ha señalado la condición de ilegalidad laboral en que se encuentran más de un millón de trabajadores que prestan sus servicios al Estado por medio de contratistas, contratos administrativos de prestación de servicios y otras figuras de intermediación ilegal.
Las sentencias 614 del 2009 y 171 del 2012 de la Corte Constitucional, conminaron al Estado para que los trabajadores que desarrollan actividades misionales y permanentes sean vinculados de manera directa, e instaron a órganos de control como la Procuraduría para adelantar las acciones necesarias para que ello se garantice.
A finales del año pasado un fallo de la Corte Constitucional, ante una demanda de 106 madres comunitarias, ordenó al Estado y al ICBF pagar los salarios y demás prestaciones que se les adeudaban por sus servicios en el programa Hogares Comunitarios durante 10 años.
Para contribuir a la solución de esta problemática, el Congreso de la Republica tramitó una ley que reconoce como trabajadoras a las 60 mil madres comunitarias que trabajan en el programa Hogares Comunitarios y atienden a unos 800 mil menores de edad. El costo fiscal de esta ley que resuelve esta condición de ilegalidad es unos $769 mil millones.
Argumentando impacto fiscal, el Presidente Santos ha objetado esta Ley, que obliga a vincular a las madres comunitarias del ICBF como trabajadoras directas del Estado. Lo que deja claro que la estrategia de competitividad basada en el dumping social de mano de obra barata en el sector público y privado, es una política de Estado de profundo raigambre neoliberal.
Las leyes y reformas de ajuste fiscal que se ha aprobado en desarrollo de la agenda neoliberal de los últimos 25 años, apuntan a drásticos recortes en funcionamiento, y de manera particular en gastos de personal para garantizar los compromisos del sector público con el capital financiero especulativo.
Estas reformas obligaron a un brutal recorte de personal, tanto en las entidades territoriales como en las entidades públicas nacionales y en el gobierno central. No obstante, las necesidades mínimas de personal para atender la política social y de funcionamiento del Estado no desaparecieron, por lo que se debió recurrir a la contratación de nuevo personal, ya no de manera directa reflejado en los gastos de funcionamiento del Estado, sino de manera indirecta y en condiciones de alta precariedad, pero ya clasificados de manera imprecisa en el componente social del gasto público.
Esto ha garantizado que la cuarta parte del presupuesto de gasto público se destine hoy a atender el servicio de la deuda, unos $50 billones, dado que la deuda pública es negocio de la banca privada según la lógica neoliberal.
Pero no solamente la lógica especulativa del capital financiero devora una parte importante del presupuesto público, sino el desbordado crecimiento de la corrupción, que según cálculos de la procuraduría podría bordear los $40 billones. Agro Ingreso Seguro, Odebrecht, Reficar, los Nule, los fraudes de las EPS en el sistema de salud, son algunos casos recientes que nos muestran que la corrupción público-privada es otra de las plagas que carcome los cimientos de las finanzas de la Nación.
Pero las finanzas públicas tienen otra cara de la moneda donde también se presenta un gran deterioro del erario público: la evasión en el impuesto de renta y en el IVA bordea los $30 billones, según cálculos de la DIAN. Y a estas trampas que la empresa privada y las multinacionales le hacen al Estado, hay que sumarles las gabelas y beneficios que el sistema tributario les regala a los empresarios con las zonas francas, y otras exenciones descuentos y deducciones que podrían superar los $40 billones anuales.
Frente a este panorama de evasión, gabelas tributarias, corrupción y subordinación del presupuesto público a lógicas especulativas, el impacto fiscal que implica la vinculación de las Madres Comunitarias a la planta del ICBF de manera directa apenas representa el 0,4% de lo que deja de ingresar y malgasta el Estado por las causas señaladas.
Es muy mal mensaje que el Estado, que poco hace para resolver los problemas estructurales que debilitan la hacienda pública, pretenda ahora seguir alimentado estos agujeros negros con mayores impuestos a las capas medias y pobres de la sociedad, mientras por otra parte da continuidad a una política de ilegalidad laboral y maltrato a trabajadoras de sectores vulnerables que prestan un servicio sensible para el desarrollo económico y social del país.
En últimas, lo que quieren las Madres Comunitarias es que sea el ICBF quien las contrate directamente, y no unas intermediarias que se quedan con parte de la plata que les transfiere el Instituto por administración, y en no pocas oportunidades incluso con los salarios y los recursos destinados para la seguridad social. El argumento fiscal es bastante pobre por su bajo impacto, y además porque los recursos ya están presupuestados para la parte salarial, prestacional y de seguridad social.
¿Será posible que bajo este enfoque neoliberal y mezquino se puede construir una política pública de trabajo decente en el sector público, privado y rural como soporte de una paz estable y duradera?
¿TRANSACCION O CHANTAJE?
enero 26 de 2017
La Administración de Cementos Argos S.A., ha venido aplicando una política en todas sus plantas para prescindir del personal sin que esta decisión administrativa, deje ningún registro de despido sin Justa causa. Para ello viene utilizando las denominadas Actas de Transacción, que trasgrede los acuerdos convencionales como son el régimen disciplinario, irrespetándole al trabajador el debido proceso, al no ser escuchado y por ende a la libre defensa. Por el contrario impone una supuesta cultura basada en los pilares de respeto, liderazgo y trascendencia, las cuales utilizan para justificar los despidos de los Compañeros: Julián Gómez Arciniegas, Franklin Maryuth Ramírez Londoño, Jair Morales Saavedra, José Enrique García Cardona, y la semana pasada, Milton Fernando De Jesús Briñez; argumentos no válidos, ya que los trabajadores en ningún momento fueron reconvenidos, ni llamados a ser escuchados en diligencias de descargos, para buscar la finalidad del régimen disciplinario que es: “mantener el orden en el trabajo, educar y corregir los errores para mejorar el comportamiento y la eficiencia laboral”, lo que nos demuestra una reiterada persecución sindical en contra de los Compañeros. El Compañero Milton fue llamado por Oscar Vernaza y Hermman 2 Varón, lo encerraron en una oficina, lo amenazaron con dañarle la hoja de vida, lo obligaron a renunciar al derecho Fundamental al trabajo, consiguiendo su objetivo, la firma de un acuerdo de voluntades, no correspondiendo a una decisión totalmente libre, sino a un chantaje, mediante el cual, forzaron al Compañero a actuar de la manera que la administración quería. Pero lo más delicado fue que lo hicieron, firmar un acuerdo en el que dicho documento indica, que no padece enfermedad o secuela alguna, sin haber sido valorado por los médicos especialistas y a renglón seguido, expresa que el “acuerdo” tiene efecto de cosa juzgada, es decir, que no cabe contra ella medios de impugnación que permita modificarlo, lo que indica que, se blindan frente a un posible proceso jurídico. Esto es antiético y va en contra de la construcción de un buen estilo de convivencia laboral, es desarmónico y nos muestra que el único camino de los trabajadores es la unidad y el crecimiento sindical, la no participación en los espectáculos que impulsa la administración para ocultar la realidad de las relaciones laborales, porque en Cementos Argos no existe Luz Verde, solo la oscuridad que oculta las malas intenciones de la compañía. Este nuevo despido deja un ambiente de tensión, donde la preocupación entre los trabajador@s se transforma en desesperanza, inyectándole temor a las relaciones laborales y hacer más expedito el camino de los propósitos patronales. Una realidad que lleva inmerso el sistema capitalista, al poseer un contingente de desocupados para que las cifras cuadren, los costos bajen y el apetito voraz de ganancias de los accionistas sea saciado. El trabajo sucio de la administración, los accionistas lo miden en ingresos, riquezas e inversiones, esas que han permitido la diversificación del negocio y la desinversión de otros, que no consideran estratégicos. 3 Una jugada con gran dosis de Acoso Laboral, que deja al descubierto la precarización de las relaciones laborales capitalistas, y confirman una vez más, que solo representamos una simple cifra en los balances de los accionistas. Por lo anterior, los trabajadores no estamos a bordo del barco pirata que impulsa la administración, porque si por el lado de los trabajadores se presentan estos atropellos, por el lado de los empleados, la situación de abusos, persecución, acoso laboral y el estrés que están viviendo es muy preocupante, la administración creó un aparato más en Medellín, para centralizar servicios corporativos, sin vinculación directa, les ofrecen traslado pero con un fuerte deterioro de sus ingresos, les acaban el cargo, no les ofrecen la pensión anticipada, y si no quieren así, entonces va el despido, por eso hemos reclamado cese la persecución a los empleados administrativos, han aportado su sacrificio, su juventud y en muchos casos el deterioro de su salud. Se demuestra una vez más que estamos llamados a hacer respetar nuestros derechos, a organizarnos y ser fuertes de manera permanente, ahí logramos con la lucha permanente hacer respetar nuestros derechos. Abajo los despidos, y el acoso laboral contra los obreros y empleados, en Cementos Argos… Abajo… Abajo. LA UNIDAD NOS HACE FUERTE
VEEDURIA CIUDADANA POR LA DEMOCRACIA Y LA CONVIVENCIA SOCIAL
RESPETO PARA LOS PROFESIONALES DEL DERECHO.
enero 24 de 2017
Al inicio del año judicial 2017 la directora seccional de la administración judicial de Cali decidió que los abogados debían hacer una larga fila sobre la carrera 10 hacia la calle 13 a pleno sol o en temporada de lluvia bajo el agua para lograr el ingreso al palacio de justicia, con los consecuentes inconvenientes entre otros la demora para acceder al edificio y una vez adentro hacer otra fila para tomar el ascensor.
Tal orden obstaculiza el trabajo de los profesionales del derecho sumándose este escollo a las diferentes incomodidades a las que se ven sometidos al interior de la edificación, a la que le fueron invertidos más de 70 mil millones de pesos para dizque modernizarla después del atentado en septiembre del año 2008, sin que cumpla con las condiciones adecuadas para que los abogados ejerzan su trabajo de manera decorosa.
Mientras los abogados deben someterse a estas imposiciones de una bien remunerada empleada del Consejo seccional de la judicatura, los jueces y empleados tienen un trato preferencial pues acceder al edificio por la entrada sobre la calle 12 además de tener ascensores para su uso exclusivo, lo cual conlleva a un trato desigual y discriminatorio, no obstante que abogados, funcionarios y empleados hacen parte del sistema judicial.
Esto constituye una odiosa y clara discriminación que atenta contra el derecho a la igualdad, el derecho al trabajo y a la dignidad del profesional que ejerce la abogacía con decoro como único medio de sustento, lo que lo clasifica como un simple trabajador independiente e informal.
El trabajo es uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho plasmado en nuestra Constitución el cual debe ser protegido y garantizado por las autoridades, garantía que en el caso de los abogados va más allá de permitirles actuar en los diferentes procesos judiciales, en tanto que las decisiones de la directora seccional de la administración judicial constituyen una clara vulneración a este derecho. La orden de hacer largas filas no tiene ninguna justificación ni mejora el acceso regular y permanente de los abogados que se ven limitados al acceso rápido y oportuno al edificio para cumplir con su trabajo. El Palacio de Justicia debe ser compartido en igualdad de condiciones entre los funcionarios, empleados y abogados.
Invitamos a las diferentes organizaciones de profesionales del Derecho a pronunciarse en contra de esta decisión asumida por la directora seccional de la administración de justicia que poco o nada contribuye a organizar el ingreso al Palacio de Justicia ni a mejorar la convivencia y el trato que deben recibir los abogados que hasta ahora han sido considerados como ciudadanos de tercera categoría.
LUZ BETTY JIMENEZ DE BORRERO PABLO A. BORRERO V.
