Según Miguel Urrutia Montoya[1], la historia del sindicalismo en Colombia empezó hacia mediados del siglo XIX, cuando se fundó la primera organización obrera del país, la sociedad de artesanos de Bogotá, constituida en 1847 por Ambrosio López y Emeterio Heredia, cuando la nueva ideología económica de libre cambio ponía en peligro la existencia de las manufacturas artesanales en la Nueva Granada. Su táctica fue desde el principio la acción política, mediante la cual consiguieron incidir en la elección de José Hilario López a la presidencia, efectuada en el Congreso, donde, se dice los artesanos armados intimaron a los diputados a favor del partido liberal, al cual consideraban más inclinado al proteccionismo.

 

Esta organización se fue convirtiendo en un club político y cambió su nombre por el de Sociedad Democrática promovida por el gobierno liberal, que veía con buenos ojos la existencia de agrupaciones obreras dispuestas a defenderlos en las calles, como ocurrió casi un siglo después durante la “Revolución en Marcha”, del nieto de Ambrosio López Pumarejo, Alfonso López Pumarejo, cuyo gobierno promovió el sindicalismo y este le brindo luego su apoyo, saliendo en defensa del régimen que tambaleaba.

 

El primer sindicato reconocido por un gobierno colombiano fue la Sociedad de Artesanos de Sonsón, en 1909, conformada por sastres, zapateros y otros artesanos y promovida por la iglesia, que bien pronto hizo su aparición en las organizaciones de los trabajadores, siguiendo los dictados de las encíclicas papales en las que se divulgó la ( D.S.I.) Doctrina Social de la Iglesia, en especial en la Rerum Novarum de León XIII.

 

 

Después de la Primera Guerra Mundial se intensificaron huelgas en el país, pues había surgido un sector moderno en la economía y había concentraciones de obreros urbanos en algunas ciudades. Medellín y Bogotá tenían industrias incipientes, pero el primer sector en desarrollarse fue el transporte, principalmente los ferrocarriles y los puertos, en los que se concentró inicialmente la actividad sindical. Los mismos obreros participaron en la creación del partido socialista, en 1919.

 

La década siguiente fue la época del sindicalismo heroico y del auge de las huelgas espontáneas de obreros no organizados, ante situaciones de injusticias concretas, dirigidos por los líderes de los nacientes partidos socialistas y revolucionarios, entre los que figuraron María Cano, llamada “la flor del trabajo”, Ignacio Torres Giraldo, Raúl Eduardo Mahecha y Alberto Castrillón, entre otros.

 

En el Tercer Congreso Obrero, realizado en noviembre de 1926 en Bogotá, durante un auge huelguístico, se creó el partido Socialista Revolucionario, PSR, como un partido obrero y popular, diferenciándose ideológicamente del socialismo reformista, con un programa con el que buscaba coordinarse con el movimiento obrero internacional, la vinculación entre los trabajadores del campo y la ciudad y la práctica de la huelga electoral. El PSR echó raíces entre los trabajadores de la United Fruit Company y en la zona bananera, influyó en las regiones agrarias, en las haciendas cafeteras y entre los campesinos y colonos.

 

Según el historiador Edgar Caicedo[2], la etapa de formación del movimiento sindical en Colombia comprende el periodo de 1.900 a 1.929, antes de éste periodo existía mucha actividad de los trabajadores a través de las organizaciones mutualistas, creadas con el propósito de ayudar a los socios en caso de enfermedad, exilio o prisión, a sus deudos en caso de muerte. Estas organizaciones gremialistas constituye solo la prehistoria del movimiento sindical. Hasta ese entonces las organizaciones no son propiamente proletarias, sino esencialmente gremiales y mutualistas.

 

Por eso las primeras luchas y organizaciones sindicales de clase, se originan entre los trabajadores de los puertos marítimos del rio magdalena y los ferroviarios, para luego extenderse entre los trabajadores de los enclaves económicos de EEUU (Tropical Oil Company – United Fruit Co.) y concesiones a firmas inglesas. Por consiguiente, las batallas de clase del proletariado poseían en aquella época un alcance marcado y objetivamente antiimperialista. Debemos reseñar aquí las dos huelgas libradas por los trabajadores petroleros de Barrancabermeja, quienes inauguran la tradición de la lucha antiimperialista de los obreros de esta rama, los cuales han rendido a lo largo de su historia hasta hoy innumerables jornadas contra la privatización y los monopolios extranjeros.

 

Hay que decir, que durante todo el periodo que estamos detallando, las huelgas carecían de validez legal. Los trabajadores se lanzaban al cese de actividades corriendo el riesgo de despido y la persecución, la cárcel o la muerte algunas veces. No habían conquistado todavía una legislación laboral que consagrara el respeto de su derecho a utilizar ese medio de combate. Eran por eso huelgas heroicas. El Estado reaccionario de la “hegemonía conservadora” se inclinaba siempre ante los patronos y perseguía implacable y ferozmente a los trabajadores. La huelga y masacre de las bananeras en 1.928, el fue el acontecimiento social y político que sacudió como a ninguno a los Colombianos en está época y más hondas repercusiones históricas tuvo desde el punto de vista de las luchas proletarias.

 

La primera norma laboral, no fue precisamente para fundar organizaciones sindicales, la ley 78 de 1.919 reglamentó la huelga, prohibía el cese de actividades en los servicios de: alumbrado público, telefonía, acueducto y telegrafía. Luego la ley 21 de 1.920 establece algunas fases previas: 1) Antes de suspender labores, presentar las reivindicaciones, 2) Si no hay acuerdo, los términos del conflicto deben someterse a la acción conciliadora de un tercero, designado de común acuerdo, y por ultimo si no hay acuerdo: la huelga. Ya en 1.931 la ley 83 empieza a definir un terreno específico a la acción sindical restringiendo su autonomía y su capacidad de lucha cuando se establecen tres formas, sólo tres formas, de organización sindical: lo sindicatos de gremio, los de base, llamados por la ley “sindicato industriales”, y las federaciones regionales y nacionales. La norma establece los siguientes requisitos para darle vida jurídica a los sindicatos:

 

·         Solicitud de personería jurídica ante la oficina general del trabajo del ministerio de industrias.

·         Mínimo de 25 afiliados

·         Estatutos sobre el modelo señalado en la misma ley.

·         Disolución cuando se colocan por fuera de la ley o participan en política militante.

·         Reglamentan la huelga: exige que sea declarada o votada por una mayoría calificada.

 

No podemos pasar por alto el artículo 23 de la ley 83 de 1.931, dicho articulo prohibía la participación de los sindicato en la política del País y facultaba al gobierno para disolverlos si lo hacían. De esta forma se impone el mito del “apoliticismo” sindical. Este apoliticismo tuvo como efecto, durante muchos años, impedir el empleo de la huelga contra el Estado con fines relativos a la política general del País.

Aquí ya encontramos la intromisión abierta del Estado en la vida de las organizaciones sindicales, siendo que éstas deben funcionar de manera libre, defendiendo sus estatutos y reglamentos por los mismos afiliados.[3]

 

 

 El historiador Edgar Caicedo señala el inicio de una nueva tendencia en la organización y en las luchas del movimiento sindical, tal como lo caracteriza muy acertadamente Ignacio Torres Giraldo[4]: “Como resultado de depresión en la curva del movimiento revolucionario de las masas, y por la influencia  de ilusiones en el ascenso del liberalismo al poder, la característica predominante en el frente sindical de la etapa consistió en el desvío hacia el legalismo oficialista; es decir, ¡hacia la estructura de un sindicalismo basado en la ley, limitando su acción a la camisa de fuerza del Estado!. Esta desviación hacia el legalismo, que no era el aprovechamiento de los medios legales sino el cretinismo ante el estado de clases y camarillas, configuró rápidamente la tendencia reformista que juzgaba la importancia de toda organización sindical por la posesión de la flamante “personería jurídica”, y la presencia de un “tinterillo asesor”.

 

Con la presidencia de Enrique Olaya Herrera (1.930-1.934), se inicia la era de la república liberal, se apoyo en las más amplias capas populares entre ellas los trabajadores. La crisis económica internacional de los años 30 fueron bien difíciles, hubo gran agitación social sin precedentes. El presidente Olaya Herrera aprovecho la guerra con el Perú, para reprimir fuertemente las luchas de los obreros y campesinos y desatar una sañuda persecución contra los comunistas, que se oponían a su gobierno y habían denunciado la citada guerra como una “intriga imperialista”.[5]

 

El primer mandato de Alfonso López Pumarejo (1.934-1.938) dirigente innato de la burguesía liberal, se empeño en introducir modificaciones en la estructura social. Su lema de campaña la denomino “la revolución en marcha”, sus reformas estaban encaminadas a modernizar el país y abrirle cauce a la industrialización. Dicto una reforma tributaria que elevo el recaudo del impuesto sobre la renta. La ley 200 de 1.936 llamada “ley de tierras”, no alcanzo jamás a ser ni siquiera una tímida reforma agraria, la reforma educativa democrática y reforma constitucional del mismo año, no desarticuló el carácter de la vieja carta de 1.886 y aunque incorporó conceptos como el de “función social” de la propiedad, éstos antes que cambiar la realidad fueron esgrimidos por los sectores reaccionarios del latifundismo y el gran capital, como armas políticas para acusar al Presidente de “ socialista” y “comunista”.

 

En 1.935 se fundó la Confederación sindical de Colombia (CSC), un año después cambio su nombre por el de Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). En dicha organización estaban representadas todas las tendencias políticas. Entre sus fundadores tenemos: Los braceros del rio magdalena (FEDENAL), los portuarios, los ferroviarios, los petroleros (USO), los transportadores privados y de servicio público. El congreso conto con el auxilio monetario del gobierno liberal de turno. Ya desde sus primeras orientaciones la CTC se puso al lado de los gobiernos liberales y se convirtió en instrumento de movilización al servicio de sus proyectos de desarrollo industrial. La política partidista patronal fue sustituyendo a la política de clase, provocando situaciones más y más conflictivas para la unidad del movimiento obrero.

 

El 10 de julio de 1.944, durante unas maniobras militares, el presidente López Pumarejo fue apresado por un sector del ejército que estaba envuelto en una conspiración derechista y reclamaba el poder. Pero la intentona golpista fracaso de un día para otro, no solo por las rápida medidas oficiales y la lealtad del grueso de las fuerzas armadas, sino también por el decidido y beligerante apoyo que las masas populares, con el obrero al frente, brindaron al gobierno legitimo. Por orden de la CTC se integraron en todas las ciudades comités de defensa nacional con participación de industriales, comerciantes, intelectuales, empleados, obreros y campesinos[6]. Al reincorporarse López al poder y encontrándose el País en estado de sitio y compelido por las organizaciones sindicales que lo apoyaron, dicto medidas favorables a los trabajadores que implicaron conquistas sociales y laborales de primer orden: se establece la remuneración para los trabajadores y campesinos, el descanso dominical remunerado, el auxilio de cesantía, el pago de indemnizaciones por accidente de trabajo o de enfermedad profesional, algunas indemnizaciones y prestaciones para los trabajadores agrícolas y de servicio domestico, el contrato presuntivo, el contrato colectivo, la protección a los colonos, el fuero sindical.[7]

 

En el año 1.945 fue un año muy importante en la historia del sindicalismo colombiano, se otorgo personería jurídica a 441 organizaciones sindicales, el mayor numero registrado en un año hasta hoy. Y en ese mismo año se promulgo la Ley 6ª de 1.945, que marca un hito respecto a las conquistas legales de los trabajadores del sector privado y público. Pero introdujo también un cambio que a la larga resultó contraproducente para el fortalecimiento del sindicalismo. El aspecto negativo de la Ley 6ª está en que, contrariando los principios progresistas consagrados en 1.931, le devolvió la primacía a los sindicatos de base sobre los de industria.[8]

 

Finalmente López renuncio a la presidencia. No enfrentó a la burguesía capitalista que le exigía un viraje regresivo. Los liberales se dividieron entre los candidatos a la presidencia Gabriel Turbay y Jorge Eliecer Gaitán. La fuerza de la clase obrera por falta de independencia también se dividió. El desenlace de las luchas sociales en esa coyuntura se definió a favor de las clases dominantes, en el mismo mes de diciembre con el conflicto de FEDENAL. Alberto Lleras Camargo, quien como designado había reemplazado a López en la presidencia, fungió de instrumento servil para ello, valiéndose del aparato represivo del Estado a su disposición. La CTC decidió levantar la derrotada huelga a los diez días. FEDENAL quedó destrozada, nunca de recobró de ese golpe, y con ella quedaron seriamente desprestigiados los dirigentes de la CTC.

 

 

Esta etapa da inicio a un tenebroso periodo de dictaduras y violencia anti popular.

Mariano Ospina Pérez llegó a la presidencia como personero del gran capital y los latifundistas y en condición minoritaria contra el voto de las mayorías populares del liberalismo. Los Estados Unidos ahondaba su penetración económica y atizaba la “guerra fría” y el odio anticomunista. El superávit de las divisas y balanza de pagos acumulados de años anteriores fue derrochado entre los círculos gobernantes. Además del aumento de la corrupción política, también crecieron las utilidades de las sociedades anónimas industriales. Naturalmente las consecuencias las pagaban las masas populares. Para eso estaban los nuevos ricos en el poder. De 1.946 a 1.950 el costo de la vida se encareció en un 107%.[9]

 

La Unión de Trabajadores de Colombia (UTC) realiza su congreso constitutivo el 12 de junio de 1.946, fue patrocinado y saludado por Ospina Pérez, las credenciales fueron expedidas por los curas párrocos, el mayor volumen de asistentes provino de Antioquia, del proletariado industrial controlado por el clero.

El historiador Miguel Urrutia Montoya en su obra arriba citada, explica la naturaleza de la UTC como de una central que se oriento hacia la pura negociación económica colectiva, marginándose de la actividad política y tratando de evitar las huelgas. Edgar Caicedo en el texto trabajado cuestiona dicha aseveración. Afirma Caicedo que la Iglesia Católica buscó la creación de la UTC para contrarrestar la influencia comunista en el movimiento obrero. La Iglesia Católica fue el instrumento ideológico para someter más a la clase obrera. De la misma manera que el partido Liberal había cumplido antes la tarea mediadora de ganar a los trabajadores para la ideología y las posiciones políticas burguesas. La nueva central entonces desde el principio tiene una clara finalidad política, al servicio del régimen conservador. La UTC surge aprovechando aquellas condiciones de economicismo espontaneo, para remachar en la clase obrera la ideología reaccionaria y quitarle todo impulso clasista al movimiento sindical.

 

A pesar de la prohibición del paralelismo sindical los empresarios privados y las empresas del Estado, facilitaron el fomento de las organizaciones “patronales” y liquidar a los sindicatos de clase en las principales fábricas. Además de copiosos sobornos de las empresas para los traidores de la clase obrera.

 

En este periodo se destaca la huelga patriótica de sesenta días realizada por los trabajadores petroleros a finales de 1.947 y principios de 1.948, para oponerse a las intrigas de la Tropical Oíl Co. Que pretendía la prorroga de su contrato de explotación de la concesión de Mares de Barrancabermeja y que, haciendo creer que los pozos se agotaban, despedía a los obreros. El sindicato petrolero logró una gran victoria y mediante laudo arbitral la compañía americana fue obligada al mantenimiento de los pozos. La acción de los trabajadores sentó el precedente para la reversión de la concesión de Mares y la fundación de Ecopetrol en 1.951.

 

Ante la crisis política el gobierno conservador empezó a reducir la oposición mediante la violencia oficial que se extendió a los campos. Crímenes de la policía “chulavita”, y de bandas de asesinos políticos a sueldo llamados “pájaros”. La violencia, hasta 1.957, le cegó la vida a casi 200 mil colombianos del pueblo.

Jorge Eliecer Gaitán denuncio la ola de terror con una impresionante e inolvidable “manifestación del silencio” en Bogotá, a la que concurrieron no menos de cien mil personas. A los dos meses, en abril 9 de 1.948, cayo asesinado Gaitán. No hubo en ese momento una fuerza política ni una organización obrera suficientemente poderosa, capaces de canalizar hacia un desenlace revolucionario.

 

Derrotado el pueblo se hizo más feroz la violencia reaccionaria en los campos y ciudades. La implantación del estado de sitio y la clausura del parlamento en noviembre de 1.949, protocolizaron el comienzo de la dictadura.

 

La CTC se desvincula de la Federación Sindical Mundial (FSM) y de la Confederación de Trabajadores de América Latina (CTAL), para afiliarse a la Confederación internacional de organizaciones Libres (CIOSL-ORIT). En 1.949 se creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ICSS), conquista que satisfacía anhelos y luchas anteriores de los trabajadores. En 1.951 se expide el Código Sustantivo de Trabajo (CST) que rige hasta la fecha con muchas modificaciones. Este código laboral compendió en un solo texto las diferentes y dispersas disposiciones legales relativas a los derechos de los trabajadores, como las normas de contrato individual y colectivo, la reglamentación de la organización sindical, de los pliegos petitorios y las huelgas, y el reconocimiento de las prestaciones sociales.

 

Bajo el gobierno de Laureano Gómez representante del sector más reaccionario de los conservadores, fueron reprimidos y explotados como nunca antes los trabajadores. El sindicalismo superviviente se mantuvo inmovilizado, sin crecer, sin luchar, impedido por el clima de violencia, además de la influencia clerical de los “asesores morales” que controlaban a la UTC.

 

La lucha de las masas se trasladó al campo, a la acción guerrillera, para defender la vida, la tierra, la libertad. El movimiento armado llegó a tener en aquella época 30 mil hombres dispersos por diversas regiones del país. La incapacidad de Laureano Gómez para gobernar conforme a los intereses de la gran burguesía, que veía amenazado el sistema por la creciente resistencia popular y guerrillera, y la crisis política del conservatismo, trajeron el golpe militar de junio de 1.953. El General Gustavo Rojas Pinilla hizo una pausa en la violencia, prometió “paz, justicia y libertad”, consiguió el desarme parcial del movimiento guerrillero.

 

Como es obvio, bajo la dictadura militar, el movimiento sindical tampoco pudo sacudirse del estado de postración en que se encontraba. Durante esos años el proletariado fabril aumenta, pero se agrava su explotación, elevándose la cuota de plusvalía exprimida por los empresarios. El presupuesto público se elevo para alimentar el enorme aparato burocrático del Estado, utilizando para ello el endeudamiento externo. Se incremento el gasto militar, mediante la acción represiva en los campos, al amparo del estado de sitio se hicieron los grandes negociados de tierras. Los grandes terratenientes y latifundistas, se convirtieron también en grandes industriales y viceversa. Fue así que 30 familias oligarcas resultaron dueñas de nuestro país.

 

No deja de ser paradójico que el bipartidismo que alentó el golpe militar de junio de 1.953 fuera, con algunos matices diferentes, el mismo que lo depuso cuatro años después. Y lo más curioso es que, a pesar de la retórica que en uno y otro caso se usó, la disculpa siempre fue electoral: la exclusión del Ospinismo en 1.953 y la pretensión de Rojas Pinilla de prolongar su mandato por un periodo más. El General Rojas se estrelló contra el sólido bloque bipartidista y la Iglesia en sus pretensiones de crear una opción política distinta, al menos en esos años.

 

Después de los acuerdos políticos, los dirigentes del bipartidismo promovieron un paro nacional el día 10 de mayo de 1.957. El pueblo colombiano salió beligerantemente a las calles y este fue el factor decisivo del derrocamiento del General Rojas Pinilla. El proletariado tomó parte activa en estos acontecimientos políticos, no fue un simple espectador. Los empresarios cerraron sus empresas y algunos remuneraron ese día a sus trabajadores para estimularlos en la acción.

 

Una vez más las masas populares y obreros fueron embaucadas por sus enemigos de clase.[10]

 

 

La cuarta etapa de la Historia de las luchas sindicales en Colombia, según nuestro historiador Edgar Caicedo esta determinada por la reconstrucción e independencia del movimiento sindical y el ascenso de las luchas proletarias y populares, Inicia con el establecimiento del régimen del “frente nacional”, mediante un plebiscito votado abrumadoramente por los colombianos. Este engendro de seudodemocracia burguesa fue presentado entonces como una panacea milagrosa que curaría al país de la violencia y los odios fratricidas. El pacto bipartidista fue por 16 años (1.958-1.974). Alberto Lleras Camargo es elegido por abrumadora mayoría. Desde su posesión aplicó una política de acuerdos por arriba, formuló un plan económico con apelaciones sociales, es muy poco lo que avanzo en este terreno, y ellos provocaron frustración en propios y ajenos.

 

Lleras Camargo desde antes de posesionarse decía “es una ambición y una necesidad nacional que haya un sindicalismo fuerte, libre y ajeno a otros intereses que los del mejoramiento de las clases económicas asalariadas”. En otras palabras Lleras Camargo quería organizaciones sindicales que fueran funcionales al pacto bipartidista, y cuando ello no ocurría aplicaba la mano dura.[11] Los loables propósitos del presidente Lleras en la anunciada reforma laboral de 1.959 dirigidos a consagrar una prima móvil de acuerdo con el costo de vida, dar estabilidad en el empleo con la supresión de la “clausula de reserva”, precisar el concepto de servicio publico para no cercenar el derecho de huelga y fortalecer el sindicalismo de industria, quedaron entonces en meros propósitos. La modernización de las relaciones laborales se freno antes que arrancar, lo que se convirtió en el caldo de cultivo para la agitación.

 

La política estatal se orientó más a contener el fantasma comunista, acrecentado en ese momento por el triunfo de la revolución Cubana en 1.959, que ha reformar instituciones y costumbre en materia social. El proceso de reconstrucción sindical y de acción de las masas obreras y populares se desarrollo inconteniblemente en los años siguientes, alentado por ese hecho extraordinario: el triunfo de la revolución Cubana.

 

Entre finales del 59 y principios del 60, se presentan importantes luchas populares contra el alza de las tarifa de transporte en la ciudad de Bogotá. La huelga de 1.600 mineros de la “Frontino Gold Mines” en Segovia –Antioquia. En la ciudad de Cali 1.300 obreros, la mayoría mujeres de la empresa textil “La Garantía”. Los trabajadores del ingenio “Riopaila” y “Manuelita” quienes organizan una marcha de miles de obreros, fueron interceptados por las tropas en el puente del rio cauca a la entrada de Cali, dejando dos muertos y varios heridos. Los bancarios, los maestros y empleados de las telecomunicaciones, empiezan a integrarse aguerridamente al movimiento sindical y a la lucha proletaria. Lo peculiar de estas acciones de la clase obrera es que casi todas se orientaban a la derogatoria de la odiada “clausula de reserva” del Código Laboral, que permitía despedir a un trabajador con un simple preaviso, y del contrato presuntivo. Era, pues, una lucha fundamentalmente por la estabilidad en el trabajo, por contener los despidos masivos que venían efectuando arbitrariamente los patronos, el tema de los salarios estaba en un segundo plano.

 

El XII congreso de la CTC estaba previsto realizarse en Cali a mediados de 1.960, en la sede de la Federación de Trabajadores del Valle (FEDETAV). La dirección gobiernista de la CTC cambio el sitio del congreso para Cartagena, para no permitir el ingreso de los agitadores comunistas del Valle y sesionar el congreso con los delegados auxiliados económicamente por el gobierno de Lleras Camargo. Finalmente el congreso se convocó para diciembre del mismo año. Dicha reunión estuvo protegida por la policía y en la entrada un dispositivo de matones llamada “guardia cívica” que impidió el ingreso de 227 delegados de 105 organizaciones sindicales de orientación consecuente. Los patronales de la CTC aprobaron una resolución en dicho congreso condenando a la revolución Cubana, este fue el precio pagado por la subvención generosa del Gobierno de Lleras Camargo y la embajada Norteamericana.

 

Como respuesta al divisionismo anticomunista ejercido por los cetecistas, lo constituyó la creación del Comité de Unidad de acción y solidaridad Sindical (CUASS), que aglutino a las organizaciones excluidas del XII congreso. Dicho comité quedo formalizado en 1.961. Su propósito era el de impulsar las luchas reivindicativas y democráticas de los trabajadores, organizarlos y unirlos a través de las acciones conjuntas y de solidaridad sin discriminaciones, hasta llegar a la conformación de una nueva central obrera nacional, unitaria e independiente.

 

El segundo gobierno del Frente Nacional le correspondió a Guillermo León Valencia, para aplacar el rumor de golpe de Estado supuestamente agenciado por Rojas, milimétricamente repartió los cargos burocráticos conforme a la correlación de fuerzas en el congreso. La crisis económica se le salió de las manos, lo obligaron a hacer una pronta devaluación, para ello recurrió al estado de sitio.

 

Los vaivenes en la política económica llenaron de incertidumbre al sistema productivo y despertaron el rechazo de los sectores sindicales, a pesar de algunas políticas favorables a ellos. El articulo 4º de la Ley 1ª de 1.963 otorgó aumentos salariales según el índice de inflación pero fue derogada meses después, porque provoco la más airada reacción empresarial, a la que se sumaron algunas directivas de la CTC y UTC. La masacre de los trabajadores cementeros de Santa Barbará (Antioquia) en febrero de 1.963 hizo entender a los trabajadores el carácter burgués y represivo del gobierno de turno. Las centrales obreras convocaron paro nacional para principios de 1.965, Valencia llamó a las centrales obreras a concertar, sólo asistieron la CTC y UTC, producto de dicha reunión se expidió el Decreto 2351 del mismo año, que significo un jalón en la legislación laboral al garantizar mayor estabilidad en el empleo mediante la supresión de la “clausula de reserva” y la prohibición de despidos sin justa causa después de 10 años de antigüedad, el pago de indemnización por despido sin justa para trabajadores con menos de 10 años de servicio y la ampliación de la convocatoria de los tribunales de arbitramento a solicitud de los trabajadores.[12]

 

El Comité de Unidad Sindical y Solidaridad (CUASS) dio origen a la Confederación Sindical de Trabajadores de Colombia (CSTC). El 1º de mayo de 1.964 se reunieron 246 delegados representantes de 200 mil trabajadores, de diferentes ramas de la economía, entre ellas las federaciones departamentales del Valle, Antioquia, Santander, Tolima, Caldas, Norte de Santander y Cundinamarca y las Federaciones de industria Fenaltraconcem y Fedepetrol. La tercera central en poco tiempo se perfiló como una organización clasista que agrupaba los sectores más conscientes y combativos del proletariado colombiano. La naciente central se afilió a la Federación Sindical Mundial (FSM) y al Congreso Permanente de Unidad Sindical de Trabajadores para América latina (CPUSTAL). Ese año representó uno de los índices más altos del ascenso huelguístico de la década, no solo por el número de paros cumplidos y la cantidad de trabajadores involucrados en ellos, sino por la larga duración de los conflictos que van desde 50 a 200 días.

 

La autodefensa campesina del Tolima y Huila, se convirtieron en guerrilla móvil en mayo de 1.964 y desde entonces se conoce con el nombre de Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia (FARC). También hizo su aparición pública el ejército de Liberación Nacional (ELN) en Simacota (Santander). Un grupo de disidentes maoístas buscaba también desarrollar la lucha armada en el nororiente del país y conformaron el ejército Popular de Liberación (EPL).

 

Carlos Lleras Restrepo gana las elecciones de 1.966 con el 72% del total de votos, lo primero que enfrento fue la crisis económica. En un astuto juego político apareció en público para anunciar la ruptura de las conversaciones con la banca multilateral, que secundaba las exigencias del FMI mientras en privado aprobaba las medidas que conducirían a una devaluación paulatina. Con esta maniobra gano una imagen nacionalista que dejaba sin piso muchas quejas de la oposición. Sin embargo el gobierno de Lleras debió firmar igual que sus antecesores, nuevas cartas de “intención” lesivas a la soberanía y dignidad del país, con clausulas perjudiciales para los trabajadores en una de ellas se puede leer: “El gobierno mantendrá su política de evitar aumentos excesivos en los salarios, tanto del sector publico como del privado”.[13]

 

Lleras Restrepo estableció la carrera administrativa para los funcionarios públicos, presento una reforma que creaba instancias de planificación central y racionalizo el gasto público por medio del situado fiscal para atender los servicios de salud y educación. Creó los auxilios parlamentarios y un ventajoso régimen salarial para los Congresistas, de esta forma pudo sacar la reforma constitucional aprobada por el Congreso en diciembre de 1.968. Quiso atraer a los campesinos con el espejismo de la reforma agraria a través del INCORA, fue institucionalmente incapaz de romper el latifundio. Para prevenir la infiltración comunista y la invasión de tierras por los campesinos, ayudo a la creación de la Asociación de usuarios campesinos (ANUC), el ideario de la organización lo elaboró personalmente el Presidente de la república. Según los analistas laborales no hubo grandes avances en términos de legislación en la administración de Lleras Restrepo. Nombró como ministro de comunicaciones al dirigente sindical de la CTC Antonio Díaz. Se le atribuye a Carlos Lleras la limitación del derecho de huelga, al permitir que después de 40 días de duración, el Ministerio del Trabajo convocara el tribunal de arbitramento, así mismo la consagración jurídica de los contra pliegos patronales. En vísperas de entregar el primer cargo de la nación firmó el Estatuto nacional de Transporte, que reglamentaba tanto los aspectos laborales como las condiciones para la creación de empresas en ese sector de la economía.[14]

 

Al descontento popular y la creciente agitación rural, se le sumo en 1.969 el descontento laboral. Las relaciones entre el gobierno y las centrales patronales no iban bien. La desavenencia se produjo en torno al proyecto oficial de crear un Fondo nacional de ahorro, sobre la base de las cesantías de los trabajadores del sector privado y publico. Todas las centrales obreras en unidad de acción programaron un cese de actividades para enero de 1.969, además de rechazar el anunciado aumento en las tarifas de transporte. La CTC y UTC negociaron antes del paro, pero el paro se llevo a cabo por otras organizaciones sindicales. El gobierno finalmente limito su propuesta a los trabajadores públicos, con cuyas cesantías entró a funcionar el Fondo Nacional de Ahorro.

 

El último gobierno del Frente Nacional le correspondió al conservador Misael Pastrana Borrero, en una de las votaciones más reñidas de la historia nacional, con su contrincante el General Rojas Pinilla, en abril 19 de 1.970. La diferencia de solo 1.6% de los sufragios se prestó para muchas sospechas, las masas salieron a las calles a protestar por el supuesto fraude y el gobierno implanto nuevamente el estado de sitio en el territorio nacional.

 

Las centrales obreras pro gobiernistas fijaron su posición en los siguientes comunicados de prensa:

 

 

Las cosas en materia social no fueron fáciles para la administración de Misael Pastrana, pues el apoyo popular le seguía siendo esquivo. El movimiento campesino ante la perdida del apoyo oficial, se lanzó en febrero de 1.971 a invadir tierras para presionar su efectiva distribución. En marzo del mismo año, las centrales y los sectores independientes amenazaron un paro nacional contra el costo de vida, que termino llevándose a cabo sin el respaldo de la CTC. Un comunicado del Ministerio de Trabajo condenaba el anunciado paro laboral y culminaba con la clásica advertencia: “Se aplicaran las normas legales y los responsables serán castigados”. Con la implantación del estado de sitio prohibió las manifestaciones, reuniones o desfiles políticos, estudiantiles, laborales o actos cívicos que puedan perturbar la paz”.[17]

 

Dentro de su plan de política económica “cuatro estrategias para el desarrollo”, impulso el sector de la construcción de vivienda Este fue el negocio de los grandes urbanizadores, el gobierno puso a disposición las corporaciones y la población sus ahorros, estableciendo el llamado sistemas de unidades de poder adquisitivo constante (UPAC), que atrajo a los pequeños inversionistas con un señuelo de protección frente al continuo y vertiginoso proceso de devaluación monetaria.

 

Pastrana no avanzo en reformas laborales sustanciales, a los docentes les presento de manera unilateral el Estatuto Docente con el decreto 223 de 1.972, lo que provocó el airado rechazo de las organizaciones sindicales del magisterio. Las centrales obreras nuevamente rechazaron la creación de los fondos regionales destinados a canalizar las cesantías de los trabajadores del sector privado. Al año siguiente fueron anulados por el Consejo de Estado.

 

El primero de mayo de 1.971 se realizo el congreso constitutivo de la Confederación General del Trabajo (CGT) en la ciudad de Medellín, hoy la sede principal está en Bogotá. Su proyecto histórico político esta inspirado en la corriente sindical cristiana de la Central Latinoamericana de Trabajadores (CLAT). Con esta cuarta central el panorama sindical en Colombia se presenta en cinco corrientes ideológicas: CTC de tendencia liberal, la UTC tendencia conservadora, la CSTC de tendencia comunista, la CGT de la democracia cristiana y un sector independiente (no confederado) con tendencias del llamado revolucionarismo pequeño burgués.

 

La izquierda legal, se aprestaba a participar en forma autónoma en las gestas electorales de 1.974, más con animo agitacional que con serias pretensiones de triunfo. En esa coyuntura de cambios en la izquierda hizo aparición un nuevo grupo guerrillero, con más accionar urbano y con ideología menos ortodoxa, se trataba del Movimiento 19 de abril (M-19), en recuerdo de las cuestionadas elecciones de 1.970.

 

 QUINTA ETAPA: EL DESMONTE DEL FRENTE NACIONAL, PROCESOS DE UNIDAD SINDICAL, TERRORISMO DE ESTADO Y NARCOTRAFICO (1.974-1.990).

 

De acuerdo al texto citado de Mauricio Archila, el desmonte del Frente Nacional empieza en 1.974 y termina en 1.990. Alfonso López Michelsen (1.974-1.978), inicia este periodo ganando las elecciones con el 56% de los votos totales, contra el 31% de su inmediato rival Álvaro Gómez. La ANAPO escasamente se acercó al 10% y la coalición de la izquierda UNO (Unión Nacional de Oposición) logró un precario 2.6%. López continuo con las tendencias aperturistas en materia de exportaciones esbozadas por el anterior gobierno y mantener en el terreno político el equilibrio partidista. Su ascenso al poder creó ilusiones reformistas entre los sectores sindicales, más por su pasado en el MRL que por su plan de gobierno. La desbordante inflación llego al 35% en 1.977, la cual disminuyó todavía más los ingresos reales de la población asalariada, la obsesión de imponer el salario integral a todos los trabajadores, decepcionó a la clase trabajadora.

 

El auge de los movimientos laborales y cívicos desde 1.975, recibieron como respuesta presidencial la reimplantación de estado de sitio casi permanente. La huelga de los médicos del Seguro Social afiliados a Asmedas contra la clasificación como empleados públicos, significo la caída de María Elena de Crovo como Ministra de Trabajo. La creciente ola agitacional llevó a las cuatro centrales obreras a trabajar en Unidad de Acción, lo que condujo a la realización del Primer Paro Cívico Nacional el 14 de septiembre de 1.977. Dicha movilización fue magnificada tanto por el Estado como por la izquierda, en forma tal, que fue entendida más como un acto insurreccional que como la protesta reivindicativa que en efecto tuvo lugar.

 

Los convenios de la OIT 87 de 1.948 y 98 de 1.949, proclamaron el derecho de los trabajadores a formar organizaciones sindicales autónomas, horizontales y con la orientación programática que quieran darse, lo cual restauraba el sindicalismo obrero contra la falsa “armonía” de los sindicatos patronales. El convenio 98 prohíbe que la legislación fomente la constitución de sindicatos de trabajadores dominados por los patronos o aún sostenidos económicamente por ellos. Colombia suscribió esos acuerdos pero las veleidades de los gobiernos del bipartidismo, convirtió en enemigo a las organizaciones sindicales no permitieron la ratificación de estos convenios en el congreso de la república. 20 años después el presidente López Michelsen, aprobó aquellos convenios mediante las leyes 26 y 27 de 1.976.[18] Pero la hipocresía de los patronos y el gobernante de turno brillaron ante la promulgación el decreto 1469 de 1.978, el cual reglamento las leyes 26 y 27 de 1.976. La obligatoriedad de llevar la documentación pertinente al Ministerio de Trabajo para el reconocimiento o denegación de la personería jurídica de los sindicatos, limitó el derecho fundamental de asociación. En muchas ocasiones los funcionarios del Ministerio de trabajo no expedían la resolución dentro de los términos de ley, dejando al libre albedrío de los patronos el despido de los trabajadores que se atrevieron a fundar su organización sindical.[19]

 

Julio Cesar Turbay Ayala (1.978-1.982), logró la presidencia con un escaso margen del 3% de los votos sobre su contrincante, Belisario Betancur. Al igual que su antecesor hizo repartición milimétrica de los cargos públicos. Promulgó el Estatuto de Seguridad al amparo del estado de sitio, otorgó más atribuciones judiciales a las fuerzas armadas y a las autoridades locales. Con este respaldo, las fuerzas del orden se dedicaron a perseguir a la guerrilla, a los activistas de la izquierda legal y a dirigentes populares, como si todos fueran un mismo enemigo.

 

En el manejo del orden público no le resultaron las cosas como quería el presidente Turbay. Muy a su pesar la guerrilla creció y nuevos protagonismos afloraron, especialmente por parte del M-19, que en 1.979 realizo un robo de armas en las narices del ejercito, luego en 1.980 hizo una dramática toma de la embajada de la república Dominicana para presionar la negociación de una amnistía política con el gobierno colombiano. La respuesta del gobierno fue de mano dura. Como si fuera poco, en 1.981 se creó el MAS (muerte a secuestradores), con lo que se inicia la nueva trayectoria de los grupos paramilitares en el país, ahora financiados por el narcotráfico y por algunos terratenientes y ganaderos tradicionales.

 

A Julio Cesar Turbay Ayala no se le conoce como un reformador social y más bien su fama se deriva de las políticas represivas. Sin embargo, dio algunos pasos legislativos en el plano educativo con la expedición del Estatuto Docente, negociado con FECODE y la Reforma de la Educación Superior (Ley 80/80). En el plano internacional rompió de nuevo relaciones con Cuba, y se alineó con Estados Unidos e Inglaterra en la guerra de las Malvinas.

 

Belisario Betancur (1.982-1.986), inició su campaña presidencia con los diálogos de paz, con dicha consigna le permitió ganar con el 47% del total de los votos. Al principio aplico un tímido proteccionismo, debido más a la crisis industrial que a una ruptura definitiva con el modelo neoliberal, pues de todas formas le siguió apostando a la promoción de exportaciones y aplico una gradual devaluación.

 

En materia laboral Betancur inicio una nueva dinámica con el ministro de Trabajo Jaime Pinzón López, quien no se sintió obligado a convocar tribunales de arbitramento a los 40 días de huelga como lo estipulaba la Ley, así se restituyó el poder de presión de los sindicatos. La ley 39 de 1.985, promovida por Ernesto Samper y la bancada liberal, provocó la reducción de los términos legales de negociación y la restitución de las decisiones a los trabajadores comprometidos en el conflicto, lo cual se presto a criticas de lado y lado: los sindicalistas, porque temían que se ilegalizara una huelga que no contara con la mayoría para su aprobación; los patronos porque se dejaba la decisión a los directamente comprometidos en el conflicto. Además dicha disposición creó una nueva fase, la mediación que exigía la intervención del Ministerio de Trabajo en los conflictos laborales. Cuando oficiaba como Ministro el dirigente sindical Jorge Carrillo le dio una interpretación favorable a esa ley en la práctica laboral.[20]

 

En materia de paz, Belisario Betancur integró una comisión de paz plural que incorporó aun a fuerzas de izquierda y sobre todo salió adelante a las demandas guerrilleras, al ofrecer una amnistía amplia e incondicional. Los acuerdos de paz se firmaron, primero con las Farc y luego el M-19, el EPL y el ADO. Las FARC se proyectaron políticamente en torno de la Unión Patriótica. La toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la contra toma por las fuerzas del orden en noviembre de 1.985, no solo simbolizaron el fracaso del proceso de paz e Betancur sino que pusieron al descubierto las reales dinámicas de violencia que seguían funcionando en la sociedad. Los gremios y los políticos se regocijaron porque terminaba el “embeleco” de paz. Los Narcotraficantes y los paramilitares se ensañaron contra los pocos logros del proceso de paz: La elección de alcaldes y la existencia de la UP. Se inició la política de exterminio conocida como al “guerra sucia”.[21]

 

 

La más valiosa conquista de la clase obrera en las últimas décadas se dio en 1986, con la creación de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, tras 40 años de división que dejaron en agonía al movimiento sindical del país; fue en ese año que se fortaleció la lucha contra el desempleo, la reducción de salarios y la oposición contra la voracidad de las empresas trasnacionales. Los sectores comprometidos fijaron una lucha por la paz, la justicia social, la democracia, la plena soberanía nacional y el impulso del auténtico sindicalismo democrático de masas.

 

El 80% del sindicalismo en el país había dado el paso definitivo, se creó una central unitaria, democrática y pluralista enfocada a consolidarse como una poderosa fuerza social, económica y política que influyera de manera determinante en las grandes decisiones del país.

 

El fortalecimiento de los trabajadores estaba dado, aquel 15 de noviembre se hicieron presentes en el Club de Empleados Oficiales de Bogotá, 1800 delegados en representación de 45 federaciones y cerca de 600 sindicatos, quienes después de tres días de intenso trabajo y de un amplio y democrático debate aprobaron la declaración de principios, la plataforma de lucha, los estatutos y eligieron al comité ejecutivo, dando así nacimiento a la CUT, la más poderosa central sindical de los trabajadores colombianos.

 

El 14 de febrero del mismo año por convocatoria de FECODE, concurrieron la CSTC y la mayoría de los sindicatos y las federaciones que no estaban afiliadas a ninguna central, a un seminario cuya conclusión fue la conformación de una Coordinadora Nacional de Unidad Sindical que trabajaría por la centralización de los sectores sindicales, que en unidad de acción venían realizando importantes jornadas de movilización, así mismo buscaba propiciar el acercamiento de todas las fuerzas sindicales interesadas en la unidad, además de impulsar, apoyar y participar en las acciones contra el imperialismo y el Fondo Monetario Internacional,  el flagelo de la deuda externa y el sometimiento del país por parte del gobierno y la oligarquía a los dictámenes de la banca internacional; de esta manera, la CUT se ha convertido en un hecho de trascendencia histórica para el sindicalismo y  el país.[22]

 

 

Virgilio Barco (1.986-1.990) salió electo con el 58% del total de votos, sobre el 36% del infatigable Álvaro Gómez. Lo más destacado del gobierno de Barco fue la implementación de la reforma política en términos de descentralización y elección popular de alcaldes. Sin embargo, ella implicó la supresión o reducción de algunos institutos descentralizados en aras de la eficiencia, lo que dejo por puertas a muchos trabajadores estatales. Estas medidas despertaron la reacción de los sindicatos que adelantaron un paro laboral el 27 de octubre de 1.988.

 

Lo más grave del gobierno de Barco fue el aumento de la violencia. La guerra retornó a reemplazar a la política. El asesinato de Jaime Pardo Leal significó el inicio una nueva orgia de violencia contra todo lo que pareciera oposición. Después siguió el asesinato del candidato a la presidencia Luis Carlos Galán en agosto de 1.989, luego segaron la vida a otros dos candidatos de oposición Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo. La profunda crisis política que se cernía sobre el país con el desbordamiento de la violencia produjo un amplio debate, al que se sumaron las organizaciones sociales al final del mandato de Barco, que concluyó con la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente con la intención de establecer un nuevo pacto político y social.

 

 

Aunque en sentido estricto los antecedentes de política neoliberal se sitúan a más tardar en la década de los setenta y se presenta evidencia en torno al desarrollo de algunos lineamientos de política neoliberal durante la década de los ochenta, existe un consenso unánime en torno al papel clave de la administración del presidente Cesar Gaviria Trujillo (1.990-1.994).

 

El movimiento sindical colombiano comenzó una etapa llamada de “Resistencia” caracterizada así por la misma dirigencia sindical. Comienza a partir de 1.990. La sociedad colombiana se vio impactada en todos sus órdenes, por el conjunto de reformas de orden estructural, que se denominó la Apertura Económica. Esta caracterización hecha por el movimiento sindical va desde el mandato de Cesar Gaviria Trujillo hasta el actual presidente Álvaro Uribe Vélez, son dieciocho años de inflexión neoliberal según lo expresa el economista Jairo Estrada Vélez.[23]

 

La administración de César Gaviria Trujillo  fue determinante para la consolidación del proyecto. Estrada afirma que sin inflexión, da inicio a la construcción del orden Neoliberal en Colombia, es decir, el cambio de toda la institucionalidad económica, social, política y cultural del país, a través del cambio del orden Constitucional y jurídico.

 

Siguiendo a Estrada Vélez, el proceso jurídico por el cual ha pasado sistemáticamente el nuevo orden económico neoliberal en Colombia, es tal y como sigue:

1.    Se diseñaron e implantaron las reformas legales estructurales claves tendientes a la desregulación de la economía, entre 1990 y 1991, finalizando el gobierno de Barco y empezando el de Gaviria.

2.    Formulación de la Constitución económica[24] de 1991.

3.    Profundización de la desregulación económica mediante el diseño e implantación de reformas legales según mandato constitucional (1.992-1.998).

4.     Ordenamiento para la gestión de la crisis y el reforzamiento de la “desregulación económica” y la disciplina fiscal”, desarrollado en los años 1999 – 2004, tres años de los cuales correspondió a Andrés Pastrana y dos a Álvaro Uribe; y

5.     La Supra nacionalización del orden jurídico económico mediante la “negociación” de tratados de “Libre comercio”.

 

La desregulación de la economía, o regulación de la economía para el “libre mercado”, está dada en la reforma de los tres mercados que componen el mercado: a) el mercado laboral, b) el mercado de bienes y servicios y c) el mercado de capitales. Las transformaciones a que son sometidos dichos mercados son, en realidad, una expresión de las profundas transformaciones en las relaciones de producción. En términos de economía política, la desregulación de la economía conlleva una redefinición de las relaciones entre el capital y el trabajo y de las distintas formas de capital entre sí.

 

La llamada flexibilización laboral, implica una mayor facultad de disposición del patrón sobre la fuerza de trabajo, legaliza la precarización del contrato y abarata la mano de obra.

 

Los argumentos para la flexibilización del mercado laboral mediante la Ley 50 de 1990 son, entre otros: mejorar la competitividad de la economía a nivel internacional; aumentar los niveles de ocupación, dado que habría desempleo por los altos costos de la contratación (y del despido); lograr mayor estabilidad de los trabajadores en atención a la alta rotación y la baja antigüedad; crear condiciones que permitieran la contratación laboral directa; flexibilizar la rígida jornada laboral para amoldarse a las nuevas tecnologías y modernos sistemas de producción; la pensión sanción y la acción de reintegro eran las principales causas de terminación del contrato por parte del patrón y se convertían por tanto en fuente de mayor inestabilidad laboral.

 

La flexibilización laboral afectó el mundo del trabajo en los siguientes aspectos:

 

·         Le dio al patrón la facultad de disponer de la fuerza del trabajo;

·         Redujo sensiblemente el precio del contrato laboral;

·         Eliminó la retroactividad de las cesantías;

·         Transitó hacia un régimen de liquidación definitiva cada año y su valor depositado a nombre del trabajador en un fondo de cesantías, con un rendimiento por lo menos iguales a la tasa de captación de dinero del sector financiero.[25]

·         Redefinió condiciones de remuneración al establecer que las partes podrían acordar libremente los factores constitutivos del salario (primas, cesantías, salario base de liquidación).

·         “Legalizó” la ya existente contratación a término fijo por períodos inferiores a un año (renovables en 3 ocasiones).

·         Introdujo algunas modificaciones al régimen de jornada laboral, especialmente para las nuevas empresas que operasen en forma continua estableció una jornada alternativa de 36 horas a la semana.

·         Se creó la figura del “salario integral”.

·         Inició el desmonte de esa modalidad de aseguramiento del desempleo con la eliminación de la acción de reintegro y la supresión de la llamada pensión sanción y a cambio incrementó las indemnizaciones por despido.

 

Como se ha podido apreciar, la Ley 50 de 1990 transformó las llamadas instituciones laborales, modificó sustancialmente las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo en Colombia al exponerlas a un régimen más inestable y barato, generó unas condiciones más favorables para la rentabilidad del capital y constituyó, de esa manera, un marco jurídico institucional propio para una redistribución regresiva del ingreso, que habría de castigar los fondos de consumo de la población, al tiempo que animó aquellas de la acumulación.

 

Durante el periodo presidencial de Gaviria, se promulgó la Ley 4ª de 1.992 mediante la cual se fijo el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del congreso nacional, fuerza pública y fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores y la ley 100 de 1.993 por la cual se crea el sistema de seguridad Social Integral y se dictan otras disposiciones.

 

Ernesto Samper Pizano (1.994-1.998) subió al poder por estrecho margen sobre su contrincante Andrés Pastrana. La pretensión de enmendar los excesos neoliberales del anterior gobierno, de ofrecerle un rosto humano a la apertura y de imprimir un nuevo rumbo a los procesos de paz y visibilizar los derechos humanos, se fueron diluyendo hasta quedar convertidos en un discurso hueco cuyo real contenido lo llenaron la corrupción, el clientelismo y el desborde de las violencias guerrillera y paramilitar. Las alianzas con el narcotráfico fueron el catalizador de un proceso que llevó al país a un aislamiento internacional y un estado de guerra insoportables.[26]

 

En su afán de darle un “rostro humano” al modelo neoliberal Samper le propuso al país un Pacto Social para concertar precios y salarios. El Pacto Social pretendía legitimar popularmente su plan de desarrollo y romper con una vieja actitud de confrontación en las relaciones laborales. Pero no funcionó sino al primer año, puesto que unos eran los compromisos del gobierno, muy frágil por la crisis política, y otros los del Banco de la República, ente casi autónomo en el manejo monetario. En esas condiciones un analista dijo: “los trabajadores pactaron a perdida”[27].Por ese desfase entre metas y realidades, a lo que se sumaba la baja representación de trabajadores y de empresarios, fracasó el Pacto social con lo que se retrocedió en el camino de la concertación y por ende de la relegitimación política. La designación del presidente de la CUT, Orlando Obregón, como nuevo ministro de Trabajo y algunas jugosas concesiones hechas a poderosos sindicatos como los de la Caja Agraria y Telecom, no contuvieron el descontento obrero quien estaba soportando un desempleo del 15.1% y un empleo informal del 54.7% en 1.998.[28]

 

En materia legislativa se promulgaron las siguientes leyes: Ley 200 de 1.995, se adopta el Código Disciplinario Único; ley 319 de 1.996, se aprueba el protocolo adicional a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, sociales y culturales- “Protocolo de San Salvador” suscrito en noviembre de 1.988; ley 278 de 1.996, se crea la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales en atención al articulo 56 de la Constitución Nacional y la ley 411 de 1.997 por medio de la cual se aprueba el convenio 151 de la OIT de 1.978, sobre la protección el derecho de sindicalización y procedimientos para determinar las condiciones de empleo en la administración pública.

 

Andrés Pastrana Borrero (1.998-2002), electo por un estrecho margen de votación en segunda vuelta en contienda electoral contra el escudero de Samper, Sr. Horacio Serpa. Pastrana Borrero siguió los dictámenes de los organismos internacionales de crédito. Una manifestación más del escaso margen de maniobra que la globalización asigna a los Estados nacionales.

 

Pastrana además de presentar su plan de desarrollo, propuso el llamado “Plan Colombia”, el cual tuvo varias versiones de acuerdo a donde lo presentaban. ¿Cuál era el Plan Colombia verdadero?, todas las versiones recogen la siguiente consideración: no es ni ha sido recibido como una llamada a la paz que convoque a la convivencia y la búsqueda común y cree confianza entre los ciudadanos[29].

 

Con un plan de guerra en mente, el gobierno de Pastrana emprendió un proceso de negociación política con las FARC, no así con el ELN, que fue “castigado” por haber privilegiado como interlocutor a la sociedad civil y no al establecimiento político. El dialogo en medio del conflicto y gran concesión de cinco municipios como zona de despeje abrieron la esperanza de muchos colombianos en una rápida paz con las FARC. A pesar de los avances en las audiencia públicas y de las propuestas de alto al fuego, el camino del dialogo estaba sembrado de minas y terminó explotando lo poco que quedaba de prestigio al presidente terminó obrando en su contra. En realidad la intensidad del conflicto nunca disminuyó. Entre 1.998 y 2000 hubo 37.089 victimas de la violencia política. Se contaban más de 2.200.000 desplazados por el conflicto armado, especialmente por la consecuencia de las masacres[30].

 

El Departamento de Derechos Humanos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), denunció el asesinato de más de 3.800 hombres y mujeres dirigentes activistas y trabajadores afiliados a la central. Estos crímenes se han llevado a cabo en los 15 años de constituida la CUT. Estos asesinatos de sindicalistas es un crimen de Estado, agregó Jesús Antonio González Luna integrante del Comité Ejecutivo nacional.[31]

 

La elección de Álvaro Uribe Vélez con su propuesta autoritaria es una de las secuelas del fracaso de la política de paz de Pastrana. Por primera vez en 20 años los votantes colombianos se inclinaron más por la guerra que por la paz. El primer cuatrienio (2002-2006) del presidente Uribe se caracterizó en su agenda por continuar la política neoliberal, profundizar las relaciones de dependencia frente a la política exterior de Estados Unidos; desarrollar su programa de seguridad democrática, desplegar un programa de negociación con las Autodefensas Unidas de Colombia, todo ello enmarcado en un proyecto político encaminado a consolidarse mediante la reelección presidencial, mostrándose ante el país como el único capaz de resolver los asuntos de la violencia indiscriminada en Colombia.

 

El denominado “Estado Comunitario” se convierte en el reforzamiento del poder presidencial que provoca una recentralización de las competencias, que se hace fuerte, grande y costoso en lo militar, que obra y se relaciona con la sociedad, sus ciudadanos y organizaciones sin mediaciones políticas e institucionales, que privilegian el orden y la seguridad aun en detrimento y limitación de los derechos y garantías ciudadanas, que expone la economía y el desarrollo del país al “ libre juego del mercado” y tan solo concibe su papel en la economía como asistencial y remedial, y con ello privatiza y permite el desenvolvimiento de los agentes privados en los asuntos públicos. La “Seguridad Democrática” que consiste en garantizar seguridad, autoridad y orden; en combatir y en lo posible derrotar a los grupos guerrilleros y de esta manera reducir el elevado numero de secuestros y extorsiones, recuperar vías afectadas por “pescas milagrosas” y garantizar la presencia de la fuerza publica en mucho pueblos amenazados por dichos grupos armados abandonados por el Estado. Este discurso determinó una influencia ideológica y política sobre amplios sectores de la población y legitimo el impulso de las políticas “antiterroristas” dirigidas a limitar los derechos y libertades fundamentales y la existencia de las instituciones democráticas.

 

La agenda neoliberal de Uribe Vélez significó imponer mayores impuestos indirectos (IVA), aprobar una reforma laboral (Ley 789/2002) y pensional (Ley 797/2003), liquido a Telecom, para privatizarla; dividió a Ecopetrol, escindió el ISS en siete empresas de servicio del Estado (ESE), reestructuró a Bancafe, así mismo, reestructuró y liquidó muchos hospitales y empresas estatales de todos los niveles. Con la reforma laboral se disminuyeron los ingresos de los trabajadores, aumento el empleo tercerizado y precarizado, llevando a la pobreza a la mayoría de la población (64%). Con el cambio de metodología el DANE suministra datos de una supuesta recuperación del empleo, pero la realidad es otra: Hoy de cada 100 ocupados, 59 lo están en sector informal de la economía y 37 lo están en condición de subempleados. Y trabajadores asalariados, sólo un 35% tiene contrato por escrito de carácter permanente, mientras que un 15% son los temporales con contrato, lo que significa que cerca de la mitad de los trabajadores dependientes no tiene regularizada su relación laboral, adicionalmente un 8% de los asalariados es subcontratado.[32]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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