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SOBERANIA Y PAZ - NOTICIAS DE ACTUALIDAD CORRUPCIÓN EN LA CORTE CONSTITUCIONAL
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El abogado costeño Jorge Pretelt de origen conservador, fue elegido por el Senado con 67 votos como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. La silla en la Corte fue una especie de ‘premio de consolación’ por la derrota que había tenido, cuatro años antes, en su postulación como Fiscal General. Ese año, el entonces presidente Álvaro Uribe lo postuló, pero la Corte terminó eligiendo a Mario Iguarán.
El magistrado Pretelt presidente de la máxima autoridad publica judicial ( Corte Constitucional) , a quien sus críticos le cuestionan hechos como no ser experto en derecho constitucional, no tener una producción académica rigurosa, ni doctorado -hoy está en proceso de tesis para recibir ese título- llegó al máximo tribunal constitucional siendo considerado como un aliado de Uribe. De hecho, su voto fue uno de los que respaldaron el fallido intento del ex-presidente Uribe por habilitar la segunda reelección.
Actualmente se ve nuevamente involucrado en actos de corrupción, el proceso está orientado a establecer la participación de particulares en estos hechos que comprometen en un supuesto caso de soborno al presidente de esa corporación, Jorge Ignacio Pretelt, quien fue denunciado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes por su colega Mauricio González Cuervo compañero de sala de la Corte Constitucional, por pretenden favorecer a la empresa Fidupetrol que fue sancionada y condenada a pagar una indemnización millonaria de 22.500 millones de pesos, a la comunidad, a cambio de fallar en contra.
La Corte Constitucional era un patrimonio jurídico y moral, hoy nadie cree en la justicia colombiana, embarrada de mermelada sobre todo en estos gobiernos corruptos que hemos tenido. La comisión de acusaciones tiene en sus manos un evento histórico que debe solucionar a la mayor brevedad para evitar mayores afectaciones, ¿Pero será posible que lo juzguen? pues son los mismos con los mismos, eso de políticos neo-liberales y justicia ya es la misma mafia y se rotan a través de la llamada puerta giratoria.
COMUNICADO NACIONAL AL MOVIMIENTO SINDICAL
Y LA OPINION PÚBLICA
Sindicato Unitario de Trabajadores de la Industria de
Materiales para Construcción “SUTIMAC” Nit. 860.035.704-8 Personería Jurídica No. 00828 de Abril de 1972 Carrera 12 No. 5-51 Sur Bogotá – Colombia
Teléfono (071) 233 1701 sutimac@etb.net.co
SUTIMAC DENUNCIA PERSECUSIÓN SINDICAL EN CEMENTOS ARGOS S.A.
PLANTA YUMBO
Los Trabajadores de Cementos Argos S.A. planta Yumbo agrupados en SUTIMAC, denunciamos la
persecución sindical que ha desatado la empresa en cabeza de Helman Varón, director de producción;
José Guillermo Engel, director administrativo y María Jimena Calderón, profesional de producción de la
planta Yumbo Valle Colombia.
La empresa se ha ensañado contra la dirigencia sindical particularmente contra los Compañeros Eddie
Lenis Martínez y John Alexander García Rodríguez, integrantes de la Junta Directiva de nuestra
Organización Sindical en este municipio del país, los trabajadores de Argos quienes se les viene haciendo
todo un montaje y persecución por cumplir las directrices de la organización sindical de exigir que no se
acose a los trabajadores y se respete la Convención.
Recargando funciones de tres y cuatro personas a dos operarios, aprovechando que estos Compañeros
por estar a término fijo tienen temor de que no se les contrate a término indefinido.
La persecución sindical contra los Compañeros Eddie Lenis Martínez y John Alexander García Rodríguez,
no es nueva ya que en repetidas ocasiones estos mimos representantes de la empresa han pretendido
impedir que asesoren a los trabajadores que son citados por la administración de la planta a reuniones.
Igualmente han obstaculizado el seguimiento al cumplimiento de la Convención que ha venido
realizando el Compañero Alexander García y a los demás Compañeros de la Junta.
También quieren cobrarle a la dirigencia sindical de nuestra organización en Yumbo las denuncias
permanentes que hacen por el abandono en el que tienen los equipos lo cual ocasiona accidentes de
trabajo y un alto número de Compañeros con lesiones producto del sobre esfuerzo que hacen en el
cumplimiento de la labor por falta de condiciones adecuadas en el puesto de trabajo.
Llamamos a las Organizaciones Sindicales nacionales e internacionales a que se solidaricen exigiendo el
Derecho a la libre Asociación, el respeto por la dignidad del Trabajador. Que cesen los llamados a
descargos a los dirigentes sindicales y que se le brinden las condiciones adecuadas de trabajo
dirigiéndose a la dirección central de Argos doctor José Ignacio Acevedo, vicepresidente administrativo;
Cesar Mejía, gerente de relaciones laborales (cmejiam@argos.com.co); José Guillermo Engel, director
administrativo planta Yumbo (jengel@argos.com.co) y María Jimena Calderón, profesional de
producción.
Y nuestros compañeros de Argos a nivel nacional para que estén prestos a realizar las acciones
necesarias para rechazar las políticas de violación a la Convención y persecución Sindical que está
adoptando Argos, justamente en momentos en que iniciamos Pliego de Peticiones.
JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN, EL PRÓXIMO 18 DE FEBRERO DE 2010. SALIDA PARQUE DE LAS BANDERAS 9.00 AM
NUEVO Y DEMOLEDOR GOLPE A LA SALUD PÚBLICA
AGRADECIMIENTOS POR LA SOLIDARIDAD MASIVA Y EFECTIVA
EN LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LEVANTAMIENTO DE FUERO
¿QUIENES FIRMARON EL ACUERDO DE LAS MEGAOBRAS?.
Salario mínimo: 515.000 pesos a partir de 2010
EL NUEVO ATRACO A LOS COLOMBIANOS - LAS PATALETAS DE URIBE
Omar Romero Diaz el 01-08-2010, 06:41 (UTC) | | | EL NUEVO ATRACO A LOS COLOMBIANOS
ESTA VEZ VIENEN POR LAS CESANTIAS DE 6 MILLONES DE TRABAJADORES
Trabajadores compartirán el Riesgo en Manejo de Cesantías, el único recurso que le queda a los colombianos en el momento de quedar cesantes, se convirtió en uno de los principales objetivos del capital transnacional, con el amparo de este nefasto gobierno Uribista, primero pretendieron arrebatarles las cesantías con la famosa EMERGENCIA SOCIAL y en vista de que la Corte no lo permitió por ser algo inconstitucional, ahora arremeten nuevamente, esta vez de una manera más diplomática pero a su vez despiadada, pues la idea es trabajar con esa plata y desconocer una verdadera rentabilidad a sus dueños, por el contrario podrán devolver menos del capital inicialmente consignado.
Los 6,4 billones de pesos que están depositados en los fondos de cesantías en Colombia podrán invertirse, supuestamente según la voluntad de los afiliados. Desde esa fecha, las AFP permitirán escoger como invertir estos recursos, y le dan tres opciones: fondos de largo plazo, cortó plazo, o una combinación de ambos. Pero lo que no dicen es en que invertirán, o de que se trata esto de convertir sus cesantías en capital accionario, esto lo dirán cuando usted haya firmado el formato de modificación del perfil de administración de sus cesantías.
Mientras tanto los monopolios del sector financiero diseñan estrategias para disputarse este atractivo capital, pues para nadie es un misterio que los bancos trabajan de la mano con estos fondos, esta nueva figura de capital especulativo será la mejor estrategia para justificar en unos meses que una parte de sus cesantías invertidas se evaporaron y que en vez de obtener una rentabilidad lo que recibirán los trabajadores será el reporte de perdidas.
Hasta ahora al parecer no hay opción de evitar este atraco de este esquema multifondos, diseñado por los pulpos financieros para sobrellevar la famosa crisis, que ha tenido un efecto directo tanto en las inversiones de renta fija como variable (acciones), generando gran volatilidad.
De los 16 millones de trabajadores colombianos, solo 7 millones reciben cesantías y de estos 7, a 6 millones se le consignan por obligación en estos fondos privados, el monto disponible para julio de 2010 es de 6,4 billones de pesos.
Son seis (6) los fondos que existen en el país actualmente y todos sincronizados con la misma política, como usted no es especialista en inversiones, el fondo de cesantías también lo asesorará en esta parte, claro está que se trata de un abanico de opciones limitado y diseñado previamente con multinacionales o grupos financieros que tienen acuerdos con dichos fondos, de los cuales también son accionistas.
El formato que entregarán los fondos a los trabajadores es de adhesión, es decir que no le dan otra opción, la gente va con los ojos vendados porque desconoce el trasfondo de lo que firma por eso la CUT Valle orienta a sus bases sindicales y obreras, NO FIRMAR DICHO DOCUMENTO, hasta tanto no se desentrañe la verdadera razón de esta medida.
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LAS PATALETAS DE URIBE.
Estas semana con estupor a los denodados esfuerzos del todavía Presidente de Colombia por complicar aún más las relaciones diplomáticas de su país con sus vecinos, especialmente con Venezuela, a quien ha hecho blanco de numerosas, graves e infundadas acusaciones políticas y jurídicas. Pareciera que tras estas acusaciones se oculta la única intención de Uribe de concluir su mandato presidencial provocando el conflicto armado con Venezuela.
Uribe ya es el pasado y probablemente ese hecho y sus consecuencias jurídicas respecto a la perdida de cualquier inmunidad jurídica que le haya alcanzado durante el ejercicio presidencial- son perfectamente conocidas por el todavía Presidente colombiano.
la acusación del presidente Uribe contra Venezuela carece de fundamento jurídico alguno, sino que más bien corresponde a una estrategia desesperada para ocultar el mayor de los problemas de Uribe a partir del 8 de agosto próximo: el abultado expediente de acusaciones que, caratulado bajo su nombre, descansa en los cajones de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Es conveniente repasar la hoja de vida del todavía presidente colombiano para comprender sus obvios temores a acabar compareciendo ante la Corte Penal Internacional.
Colombia es el país del hemisferio occidental donde mayores violaciones de los derechos humanos se cometen -cuantitativa y cualitativamente hablando- de forma sistemática y respondiendo a un plan criminal perfectamente diseñado.
Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, “The Narco News” desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína, tal como también lo describe el libro narcotraficante numero 82
La política de “Seguridad Democrática” de Álvaro Uribe ha dado lugar al escándalo conocido como “falsos positivos”, el asesinato de al menos 2.500 civiles inocentes por la fuerza pública colombiana -bajo el mandato de Uribe como presidente y siendo Juan Manuel Santos el Ministro de Defensa-, para las ejecuciones extrajudiciales no solo ha dado por validas estas acusaciones, sino que tras hablar de un plan sistemático criminal, ha exigido su esclarecimiento y castigo a los culpables.
Por eso el temor lo obliga ha que hasta ultima hora siga fielmente los mandatos del imperialismo norte americano, para buscar con ello de que en un futuro no sea procesado como les paso a dictador de Fujimori.
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OTRO A TRACO A LOS VALLECAUCANOS
El gobierno departamental en cabeza del señor abadía pretende mediante oferta publica entregar la gestión comercial de ACUAVALLE a operadores privados, la solicitud pública de oferta No. 026 de 2010 que también entrega 20 años en concesión el diseño, construcción y financiación de las obras de la empresa, lo que en ultimo termino con llevaría a su total privatización de una empresa que es patrimonio público de los vallecaucanos.
La privatización de las empresas de servicios públicos lesiona el derecho al trabajo, a la vez que genera grandes alzas en las tarifas de los servicios públicos, perjudicando el bolsillo de los colombianos.
Los trabajadores que estamos comprometidos en la defensa del AGUA y la VIDA quienes apoyamos el referendo para que el agua sea considerada como un DERECHO FUNDAMENTAL. Mediante el cual se busca que el Estado Colombiano garantice un minino vital gratuito a toda la población colombiana, que se protejan las fuentes hídricas, que se reconozca y respete el uso especial que hacen del agua los indígenas y afro descendientes, y que sea el Estado quien preste directa y exclusivamente el servicio público del agua. Exigimos al gobierno departamental que no coloque en riegos EL patrimonio de los vallecaucanos, el derecho de los usuarios y de los trabajadores que desista de sus pretensiones politiqueras mediante las cuales agencia una política nacional y regional de privatización de las empresas estatales y que trabaje realmente por la prestación de un servicio EFICIENTE con CALIDAD y comprometida con el derecho fundamental al agua, la vida y el trabajo.
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NO MAS MAFIA Y PARAMILITARES
OMAR ROMERO el 20-03-2010, 18:26 (UTC) | | |
NO MAS MAFIA Y PARAMILITARES
No pocos sectores de la comunidad Nacional e Internacional deben estar realmente perplejos ante el abierto juego del gobierno colombiano de turno, el que con naipe marcado y remarcado sigue haciendo toda clase de trucos para desviar la atención sobre los graves escándalos de los falsos positivos, de los dineros del agro seguro, de los recientes decretos de la emergencia social que desestabilizan la salud en el país, la narcoparapolítica. Muy difícil debe ser encontrar, a estas alturas, a alguien que sinceramente pueda creer que la clase gobernante, los gobiernos de turno y los politiqueros al servicio de los todopoderosos dueños del poder no sean responsables, por acción o por omisión, de los brutales crímenes que por miles han sido cometidos contra la población civil, contra aquellos cuyo delito no es otro que el de luchar, unos, o al menos tener la esperanza, otros; de que más temprano que tarde el pueblo conquistará la paz con justicia social por la que tanto ha luchado y seguirá luchando. La verdad es que, por solo el diez por ciento de lo mal hecho por el gobierno uribista, otro gobierno de cualquier parte del mundo hubiese tenido que renunciar y pedirle público perdón a su pueblo. Es verdad que algunos jefes narcoparamilitares y politiqueros comprometidos con la corrupción y graves crímenes contra el pueblo se encuentran de visita en “cárceles” con exclusivo servicio cinco estrellas, pero también es verdad que el gobierno está haciendo toda clase de movimientos para protegerlos, protegerse a sí mismo y proteger a la clase gobernante; pues si hablaran los politiqueros y los jefes narcoparamilitares sacaran a la luz pública un poquito más de lo poco que han sacado, la caída del gobierno sería inevitable.
No podemos seguramente alegrarnos por la caída del referendo que pretendida perpetuarse en el poder el gobierno de turno y por la supuesta estabilidad económica financiera que plantea el gobierno que solamente beneficia a unos cuantos pero a la gran mayoría de los colombianos se ven afectados por el alto índice de desempleo, cierre de empresa nacionales y entrega de la soberanía financiera, política y territorial al imperialismo, necesitamos un cambio en el que podamos tener un gobierno social, que legisle en beneficio de toda la población para mejoras las condiciones de vida y de trabajo de los colombianos.
No debemos olvidar que este año se dan las elecciones para el congreso de la republica y presidencia y si queremos que estos hechos no se sigan presentando, elijamos bien a los que nos van a representar para poder volver a rescatar la credibilidad del país y tener un país decente donde hayan oportunidad para todos.
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ATENTAN CONTRA EL DERECHO A LA SALUD.
CUT el 12-02-2010, 04:34 (UTC) | | | LAS MEDIDAS DE LA EMERGENCIA SOCIAL
ATENTAN CONTRA EL DERECHO A LA SALUD.
La Central Unitaria de Trabajadores denuncia ante la opinión pública que la llamada emergencia social decretada por el Presidente Uribe y el paquete de medidas que la desarrollan, constituyen un engaño al país, una manipulación de los principios y normas constitucionales y un ataque al derecho a la salud de la población.
La declaratoria de la emergencia, que fue presentada como una necesidad frente al riesgo inminente de una perturbación del orden institucional, al amparo del artículo 215 de la Carta Política, tenía como propósito fundamental atender las presiones de los empresarios que controlan las EPS, quienes exigieron mayores recursos para resolver problemas de liquidez generados, entre otras causas, por los altos costos de la intermediación privada, la corrupción, el manejo irresponsable del flujo de recursos por parte del Gobierno Nacional y el sistemático recorte de las transferencias de la Nación a las entidades territoriales mediante reformas constitucionales.
La emergencia no era para salvar los hospitales públicos; al contrario, fueron sometidos al cierre, la privatización y la intermediación; tampoco la hubo para superar las barreras de acceso al derecho, como lo exigieron en 2007 la Procuraduría General de la Nación y en 2008 la Corte Constitucional con su sentencia T -760, que impartió más de 30 órdenes para garantizar la efectividad del derecho a la salud.
La sabiduría popular dice: "lo que mal nace, mal acaba", y esto es precisamente lo que sucede hoy en torno a la Ley 100 de 1993, la cual fue diseñada no para cumplir un servicio social fundamental, como lo es la salud, sino para privatizar y hacer de esto un negocio lucrativo y próspero para unos cuantos, en detrimento del bienestar de millones de colombianos.
Las siguientes son algunas consideraciones generales sobre los decretos de la Emergencia Social:
El flujo y el control de los recursos. Es deplorable que después de 16 años de entrada en vigencia de la Ley 100 (1993) el Gobierno Nacional no haya podido garantizar la claridad y la transparencia en el manejo de los recursos y tenga que recurrir a una declaratoria de emergencia para abordar el problema. Hoy ha quedado claro que las leyes 715 de 2001, 1122 de 2007 y tantos decretos reglamentarios, no han hecho otra cosa que perpetuar el caos y lo mismo ocurrirá con estos decretos que dejan intactos los problemas inherentes al modelo como la privatización y la renuencia a garantizar una financiación estatal.
La reforma tributaria. Hoy el gobierno reconoce que las medidas adoptadas son las mismas que no logró hacer aprobar en el Congreso de la República hace un año y que difícilmente podrían aprobarse en esta época preelectoral. El recaudo previsto, de 1,3 billones de pesos en dos años, a cargo de los consumidores, está muy lejos de subsanar el despojo que la Nación hizo a las entidades territoriales para salud y educación en los Actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007. Estos Actos Legislativos arrebataron al sector salud más de 2 billones de pesos cada año. Con la reforma tributaria la responsabilidad financiera se traslada una vez más a los entes territoriales y el costo a los consumidores en un contexto de desempleo, informalidad y pobreza. Es una reforma profundamente regresiva.
A cada cual según su capacidad… de pago. Este es el principio que anima el paquete legislativo. Lo que prima no es la salud como un derecho fundamental sino la sostenibilidad financiera del sistema, más aún, la capacidad de pago del paciente. No hay derecho a la atención si se agotan los recursos del Fonpres, cuyo nombre, Fondo de Prestaciones Excepcionales, sugiere claramente lo difícil que será acceder a la atención. La exigencia de chequera, tarjeta de crédito, carné de la Caja de Compensación o extractos de los Fondos de cesantías y pensiones, significa excluir de plano al 80% de la población.
La eliminación del POS. Lejos de garantizar la unificación de los planes obligatorios de salud de los regímenes contributivo y subsidiado como ordenó la Corte Constitucional, lo que hacen los decretos es eliminar los planes, convirtiendo el No-POS en un plan excepcional y el POS en un plan que se reduce a medicina y odontología general, y al tratamiento de procedimientos de baja complejidad. Así, bajo la concepción de la salud como mercancía, al tiempo que se reduce el derecho, se fortalecen los planes complementarios para estimular el negocio. Los médicos y los jueces, entretanto, quedarán constreñidos a los estándares mínimos que impondrá la nueva burocracia de los tantos comités que se crean en el paquete legislativo, los hospitales sometidos a la internalización de servicios y los trabajadores de la salud a la intermediación laboral.
¿En qué quedan los principios constitucionales de la seguridad social como un “derecho irrenunciable” y la prohibición de “desmejorar los derechos sociales de los trabajadores” mediante los decretos emanados de la emergencia social? (Artículos 48, 49 y 215 de la C.P.N.) ¿En qué quedan la salud como un “derecho fundamental” y la orden de garantizar la atención “requerida por el paciente”? (Corte Constitucional sentencia T-760).
La crisis del sector salud no se resuelve con medidas parciales y menos con un paquete legislativo que establece nuevas barreras de acceso, lo que el país requiere es un nuevo modelo de seguridad social que garantice efectivamente la salud como un derecho fundamental.
Demandamos del Congreso de la República ejercer el control político y su facultad legislativa, usurpada por el ejecutivo; rechazar por inconvenientes y regresivos las medidas adoptadas; apelamos a la Honorable Corte Constitucional para que declare la inexequibilidad de lo actuado y llamamos a las organizaciones sociales y a la opinión pública a acompañar las tareas de movilización y denuncia contra la emergencia social y su paquete legislativo, partiendo en la JORNADA NACIONAL DE MOVILIZACIÓN, del próximo 18 de febrero de 2010.
SALIDA PARQUE DE LAS BANDERAS 9.00 AM
Bogotá, 28 de enero de 2010
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NUEVO Y DEMOLEDOR GOLPE A LA SALUD PÚBLICA
Gloria Inez Ramirez el 12-02-2010, 04:29 (UTC) | | | No se podrán interponer tutelas (Decreto 128 de la Emergencia Social). Los médicos que formulen fuera del POS serán sancionados con 50 SLMMV (Decreto 131 de la E. S.) Las remisiones al especialista se harán siempre y cuando: "no afecten los costos del sistema de salud". (Decreto 131 de la E. S.) Los tratamientos serán asumidos por el enfermo o sus familias con: Patrimonio, Cesantías, Ahorros Pensiónales e incluso, préstamos bancarios!!!
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El gobierno de Uribe Vélez acaba de propinarle un nuevo y demoledor golpe a la salud pública, con graves repercusiones para los trabajadores y la población. Bastó con que los poderosos negociantes de la salud agremiados en la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral ACEMI, amenazaran con que si los departamentos y municipios y el Fondo de Solidaridad y Garantías FOSYGA no les pagaban las deudas pendientes, 15 Empresas Promotoras de Salud EPS cerrarían sus puertas, para que el gobierno se apresurara a decretar la llamada Emergencia Social, a cuyo amparo ha expedido una avalancha de decretos con fuerza de ley que, en definitiva, lo que hace es favorecer a los comerciantes de la salud, profundizar el proceso de privatización y recortar los derechos de los usuarios.
En una Constancia que dejamos en el Senado de la República el 15 de diciembre del año anterior, en nombre del Polo Democrático Alternativo dijimos que “una emergencia como esta sólo puede ser decretada cuando hay ‘hechos sobrevinientes’, es decir, sucesos imprevistos, y no hay nada más sabido que la crisis que la salud viene afrontando desde cuando se inició el proceso de reformas neoliberales con le Ley 100 de 1993, que convirtió la salud en un negocio del capital financiero, (…) Además para el congreso de la República resulta inaceptable que por la vía de la Emergencia se eluda el necesario debate que hay que dar sobre el estruendoso fracaso de las reformas a la seguridad social”.
Es pertinente recordar que los problemas financieros de la salud se derivan del recorte a las transferencias a departamentos y municipios aprobado por el Congreso de la República, de la utilización de los recursos del FOSYGA por parte del gobierno nacional para tapar los huecos fiscales y del hecho de que gran parte de los recursos se quedan en manos de los intermediarios, asuntos que no se tocan para nada en los decretos de la Emergencia Social.
Los aspectos particularmente lesivos de la nueva reforma son los que tienen que ver con el aumento del IVA a los licores; los cigarrillos; el IVA a la cerveza subirá del 3% al 14% en el presente año y al 16% el año entrante, y los juegos de suerte y azar incrementarán el IVA del 5% al 16%. Esto significa que es por la vía de aumentar el IVA, que es el impuesto más regresivo, como se va a financiar el déficit de las finanzas de la salud.
Con todo ello, el gobierno aspira a recaudar 1.15 billones de pesos anuales, que hay que sumarlos a los recursos liberados de los saldos excedentes por concepto de aportes patronales del Situado Fiscal y del Sistema General de Participaciones para salud, de la liquidación de los contratos del régimen subsidiado suscritos entre gobernadores y alcaldes con las EPS y de otras medidas dirigidas a facilitar el flujo de recursos a las empresas de salud. Sin embargo, los voraces representantes de ACEMI han dicho que las medidas ayudan, pero son “insuficientes”.
Más graves aún resultan las normas contenidas en los decretos 128 y 131 de 2010. En el primero de ellos se establece que los servicios no POS, que ahora se llamarán “prestaciones excepcionales en salud”, deberán ser autorizadas por un comité técnico y serán costeadas total o parcialmente por los afiliados, para lo cual los someterán al examen minucioso de sus ingresos y de su patrimonio personal y familiar y, si carecen de recursos, podrán financiarlos con las cesantías, los ahorros pensiónales o créditos bancarios. Para las personas insolventes se crea un fondo llamado FONPRES que subsidiará los gastos con la condición de que los recursos de dicho fondo alcancen para ello, cosa que ya sabemos que no ocurrirá.
El decreto 131, por su parte, modifica el POS priorizando la atención de baja complejidad en medicina y odontología y limitando los especialistas a los casos en que “se cuente con evidencia científica” y siempre y cuando no se afecten los costos. Para rematar, le asesta un golpe de gracia al derecho de tutela en salud, al establecer sanciones entre 10 y 50 salarios mínimos a los médicos y odontólogos que formulen por fuera del POS básico. El resultado será que de ahora en adelante los negociantes de la salud recibirán más dinero pero prestarán menos y peores servicios, con lo cual sus ganancias se verán extraordinariamente multiplicadas.
Este sartal de medidas regresivas, parece inconcebible pero es real. Está firmado por el mismo personaje que hace pocos días afirmaba demagógicamente que “una decisión que nos llena de entusiasmo, que ennoblece la vida de Colombia, que justifica la razón de ser de los gobiernos, es el salvamentos financiero de la salud”; el mismo que funge
otra vez como candidato presidencial y que, en realidad, lo que ha hecho es asegurar las ganancias de los negociantes a costa de la salud del pueblo.
A nuestro juicio, estos decretos, además de atentar gravemente contra el derecho fundamental a la salud, son violatorios de los convenios del OIT, de la Sentencia T-760 de la Corte Constitucional que ordenó prestarles los servicios de salud a todos los usuarios aún cuando no están incluidos en el POS, y del Artículo 215 de la Constitución que dice que “El gobierno no podrá desmejorar los derechos sociales de los trabajadores mediante los decretos contemplados en este artículo”. En consecuencia, vamos a reivindicar el derecho del Congreso de la República de “derogar, modificar o adicionar los decretos”, tal como lo dispone el Artículo 215, pero lo que nos parece fundamental es organizar la movilización de los trabajadores y de la población para echar atrás esta monstruosidad contra el derecho a la salud.
De otra parte, consideramos que si la Corte Constitucional es coherente, lo que debe hacer es declarar inexequibles los decretos que contradigan las sentencias que ha proferido en materia de salud.
Una vez más, insistimos en que la solución de los problemas de la salud pasa por la derogatoria de la Ley 100 de 1993 y demás leyes neoliberales que le quitaron el carácter de derecho fundamental y la mercantilizaron, y en la discusión amplia de una nueva reforma democrática que rescate la salud pública y garantice servicios de calidad para todos los colombianos.
Gloria Inés Ramírez Roa
Senadora de la República por el PDA
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SALARIO MINIMO MENSUAL
Omar Romero Diaz el 04-01-2010, 23:12 (UTC) | | | Salario mínimo: 515.000 pesos a partir de 2010 (¡Nuevo!)
El nuevo piso representa un incremento de 3,64 por ciento; el subsidio de transporte se ubicará en 61.500 pesos
Dónde habrá nuevos puestos de trabajo 2010
Según la encuesta de expectativas de Manpower, el empleo aumentará muy poco en el primer trimestre; la minería, la construcción y el comercio, con las mejores perspectivas
CEPAL: la pobreza afecta más a niños y mujeres en América Latina
De acuerdo a un informe del organismo, la pobreza es 1,7 veces más alta en menores que en adultos y 1,15 veces mayor en mujeres que en hombres
El BID propone medidas para contener el desempleo y la pobreza, y potenciar las economías
Sugiere reformas en los sistemas de capacitación y prestaciones laborales para proteger el ingreso de los trabajadores; también recomienda subsidiar a las empresas que incorporen procesos nuevos y más eficientes
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AGRADECIMIENTOS POR LA SOLIDARIDAD MASIVA Y EFECTIVA
Alvaro Vega el 28-11-2009, 03:01 (UTC) | | | AGRADECIMIENTOS POR LA SOLIDARIDAD MASIVA Y EFECTIVA EN LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LEVANTAMIENTO DE FUERO
Desde mi condición de obrero y dirigente sindical, quiero expresarles toda mi gratitud a las organizaciones sindicales y sociales, y demás compañeros y compañeras que se hicieron presentes en la audiencia de este martes 24 de noviembre, donde por parte de la multinacional GERDAU, DIACO y SIDELPA, se pretendía lograr la sentencia, para el levantamiento de fuero sindical y despido, como trabajador que soy, de la empresa SIDELPA.
Considero que el acompañamiento masivo jugó un papel decisivo en una audiencia donde teníamos muchísimas cosas en contra, pues además de estar en el sistema de oralidad, que para estos casos es nefasto, también teníamos la desventaja de una jueza que por sus antecedentes con levantamientos de fuero, siempre ha dictado sentencia en la primera audiencia.
La jornada de protesta durante toda la tarde y la presencia masiva dentro y fuera de la sala de audiencias, ayudaron a neutralizar ese panorama, pues la masa se convirtió en una camisa de fuerza para esta jueza y también perturbó a las representantes de la empresa, quienes cometieron varios errores dentro y fuera de la audiencia.
La defensa jurídica en cabeza de la compañera LUZ BETTY JIMENEZ DE BORRERO y el compañero OMAR ROMERO DÍAZ estuvo muy bien argumentada, lo cual fue determinante para que no se pudiera dictar sentencia, ante los argumentos de la empresa para el despido, se presentaron varias solicitudes de excepción las cuales fueron negadas por el despacho y apeladas inmediatamente por la defensa, yéndose a la instancia del tribunal superior, y de cuyo resultado depende en parte la sentencia, por eso fue que la jueza no pudo asignar una fecha mas próxima al 25 de marzo.
Dentro de las argumentaciones a las solicitudes de excepción, están los balances económicos de SIDELPA, donde se demuestra que la empresa durante los últimos 5 años, siempre ha tenido ganancias operacionales, sobre la medida preventiva tomada por la CVC con respecto al horno de la acería, también se demuestra que la sanción ambiental impuesta, no tiene nada que ver con la decisión arbitraria de cerrar toda la fabrica a partir del martes 23 de junio, igualmente se aportan otras pruebas y declaraciones que conllevan a demostrar que los trabajadores fueron prácticamente despedidos.
También se hizo un interrogatorio a la liquidadora y representante legal de la empresa, quien evadió y mintió en casi todas las preguntas que le hizo la defensa, se está mirando la posibilidad de instaurarle demanda penal. Pero además de eso en una actitud provocadora, esta señora bajó a donde estaba el mitin a tomarle fotografías a la gente, lo cual generó la reacción inmediata de algunos compañeros y compañeras. Esta situación fue aprovechada por la empresa y la jueza para tratar de opacar la defensa, decir que no había garantías, y reforzar la seguridad con fuerza publica. Debido a esa situación y por recomendación de la defensa, decidimos no intervenir directamente en el mitin, para evitar darle más argumentos a la contraparte sobre la acusación que hizo. Frente a dicho incidente también se han iniciado las respectivas denuncias.
En ese sentido considero que estos cuatro meses que tenemos antes de la nueva audiencia, deben ser aprovechados al máximo en la recolección de información, continuar con las denuncias y demandas que se han iniciado, iniciar nuevos procesos involucrando a los compañeros despedidos y llevar el caso a las instancias internacionales, para lo cual es necesario seguir contando con el apoyo de ustedes.
Una vez mas reitero mi gratitud a todos los que de una u otra manera nos han apoyado y se han vinculado a esta importante tarea de parárnosle firme al monstruo transnacional, con estos hombres y mujeres que están dispuestos a defender el derecho al trabajo, el derecho de asociación y el fuero sindical, estamos ayudando también a construir algo muy importante, la nueva imagen del obrero revolucionario, el que esté dispuesto a llegar al final, indiferente de que en algunas ocasiones nos sorprenda la derrota, que también la asumiremos pero con las botas puestas y la frente en alto, defendiendo con dignidad los principios de la clase trabajadora, porque mientras haya consciencia tendremos la posibilidad de volver a levantarnos.
Saludo Revolucionario,
ALVARO VEGA
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