LLAMAMIENTO A LA SOCIEDAD VALLECAUCANA EN TORNO A LAS NEGOCIACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LA INSURGENCIA
La coyuntura que vive nuestra Patria en torno a las conversaciones entre el gobierno y la insurgencia, es propicia para reflexionar y para actuar.
Asistimos a un proceso complejo que, en todo caso, refleja el profundo anhelo por la paz de parte de amplísimos sectores sociales de todas las condiciones económicas, de todas las militancias políticas, de todos los credos religiosos, de todas las identidades étnicas, de todos los géneros y generaciones. Para consolidarlo habrá que superar los escepticismos, las desconfianzas, los sectarismos, las estigmatizaciones y los intereses mezquinos. Al fin y al cabo, durante décadas se ha acudido, desde las clases dominantes, a una concepción militarista para apoyar la consolidación de las élites en el poder político, que ha alimentado al mismo tiempo los inmensos beneficios en sus arcas. Y desde la insurgencia, a una concepción de la lucha armada como bastión fundamental para enfrentar la democracia restringida que se fue construyendo históricamente y para alcanzar el poder político.
La lucha por la solución política negociada del conflicto social y armado es un asunto que compete a todos aquellos que se han visto envueltos en la vorágine de la guerra, ya sea como actores principales o como víctimas. La guerra no ha servido a la solución del conflicto colombiano. Por eso es vital, en estos momentos, rodear solidariamente este proceso y aislar a aquellos que desde posiciones de inmenso poder político, militar, económico y mediático se oponen a que este tenga éxito.
La paz, a la que aspira el proceso de conversaciones, tiene un contenido. No es ella una exhortación abstracta, sino que responde a las condiciones históricas concretas en que se desarrolla la Nación. Por ello, no puede convertirse en una pax romana, retaliatoria y vengativa, ni en una paz barata que obvie las profundas causas de orden económico, social y político que le dieron origen al conflicto, ni en una paz que pretenda hacer renunciar a los sectores populares y a las capas medias a sus sentidas reivindicaciones con el argumento del interés supremo de la nación. Al contrario, los diálogos que conducen al proceso de paz deben estar en consonancia con las más sentidas necesidades de la población que, en su inmensa mayoría, ha estado huérfana de los beneficios del desarrollo económico y marginada de las posibilidades de acceso al poder político. Es decir, si se trata de beneficiar realmente a la sociedad colombiana, debe construirse una paz con justicia social.
La Agenda pactada inicialmente es el comienzo de un profundo debate entre los sectores de la sociedad colombiana. Los problemas de la tierra, del narcotráfico y de la participación política de la insurgencia, contenidos en la Agenda, son vitales como punto de partida, dada su importancia histórica, pero insuficientes. Las causas estructurales del conflicto colombiano están sin resolver. Por ello se requiere que las más amplias capas de la población se involucren en este proceso, para que se ensanche la Agenda propuesta, con el fin que no asistamos a un frágil diálogo entre contendores, sino que acudamos a un verdadero escenario de participación de todas las fuerzas sociales y políticas del orden nacional y regional para que los cambios democráticos y patrióticos se hagan realidad. La paz, entonces, no depende de la voluntad de las partes únicamente, sino que requiere de la más amplia y activa participación del pueblo colombiano.
El pueblo y sus organizaciones sociales y políticas deben disponer de una voz para tratar los gravísimos problemas de salud, educación, vivienda, empleo, alimentación, seguridad, etc., todos ellos ligados al modelo económico y social que los sucesivos gobiernos han implementado y que ha redundado en la promoción de la inequidad y la injusticia.
Asimismo, es perentorio que se decrete por las partes involucradas el cese bilateral del fuego, como condición para que los diálogos se den en un clima de confianza y de equilibrio, lo que significa que se garantice el normal desarrollo de las conversaciones en un ambiente menos tenso, que se proteja a la población civil inmersa en las zonas de conflicto y que se posibilite a las organizaciones sociales y populares su aporte sustancial a la ampliación de la Agenda.
Las condiciones de América Latina hoy son propicias para que este proceso de conversaciones se adelante con buen tino. Los gobiernos y pueblos de la región, en general, acompañan solidariamente estos esfuerzos, con el convencimiento que la paz en Colombia es también la paz en América Latina. Por nuestra parte, como sabemos del contenido democrático de los cambios producidos en nuestro entorno continental, comprendemos también que los procesos que en nuestro país se acerquen a la paz con justicia social, deben contribuir a que estos cambios se afiancen y profundicen.
Por último, en el caso particular del Valle del Cauca, necesitamos que todas las fuerzas sociales y políticas: sindicales, comunales, campesinas, juveniles, religiosas, étnicas, culturales, etc., rodeen este proceso con creatividad, con entusiasmo, con movilización, con propuestas, en el entendido que la conquista de la paz con justicia social es vital para la construcción de la democracia real que el país necesita.
PARTIDO COMUNISTA COLOMBIANO REGIONAL VALLE DEL CAUCA
