Decretos de Emergencia Social son inconstitucionales, dice ponencia del magistrado Iván Palacio
Marzo 19 de 2010
Los decretos de la emergencia social provocaron rechazo en numerosos sectores.
Así lo determinó el magistrado de la Corte Constitucional al presentar su ponencia en Sala Plena.
La discusión en la Corte Constitucional sobre la Emergencia Social decretada por el Gobierno hace 3 meses arranca con ponencia negativa.
El informe entregado por el magistrado Iván Palacio -confirmó EL TIEMPO- pide declarar inexequible la declaratoria con el argumento de que la crisis en el sector de la salud, como lo había señalado en varios fallos la misma Corte, no es un hecho extraordinario que amerite medidas de emergencia.
El Gobierno decretó la emergencia bajo la tesis de que las finanzas de la salud amenazan con un colapso y necesitan correctivos urgentes. La ponencia señala que esa situación es producto de varios factores acumulados que pueden atenderse sin recurrir a una legislación de emergencia.
La Corte tiene hasta el 19 de abril para emitir su fallo. Mientras tanto los decretos tienen plena vigencia.
La ponencia coincide en algunos aspectos con el concepto entregado a la Corte hace un mes por el procurador Alejandro Ordóñez. En ese pronunciamiento había solicitado declarar la Emergencia Social inexequible argumentando que los estados de excepción solo pueden decretarse cuando hay amenazas o crisis puntuales y sobrevinientes.
Fuentes del alto tribunal aseguran que el debate en Sala Plena se centrará en definir si las fallas estructurales en el sistema de salud pueden en efecto generar un colapso.
En ese escenario, el decreto madre de la emergencia se salvaría, aunque no necesariamente los reglamentarios. Hay un antecedente: la Corte tumbó el año pasado varios decretos relacionados con la crisis de las pirámides, pero avaló el que declaró la emergencia económica por el riesgo que podrían generar esas inversiones ilegales sobre la economía del país.
Entre los magistrados hay consenso en que en efecto se requieren nuevas fuentes de financiación para el sistema de salud. Pero también señalan que el Gobierno debe cumplir la orden de actualizar el POS de acuerdo con las tutelas falladas por el tribunal.
Si la Corte decide que no es sobreviniente la situación y declara inexequible el decreto inicial, todos los demás se caerían.
Anoche, el presidente Álvaro Uribe insistió en que si la emergencia se cae, el sistema de salud estaría en grave riesgo. “Esperamos enviarle a la Corte nuestros argumentos, pero no puedo ocultar nuestra preocupación. La salud de los colombianos se debe poner por encima de cualquier tema político”, afirmó.
Lo que caería sin la emergencia
Con la eventual declaratoria de inexequibilidad del decreto de Emergencia Social, quedaría sin piso legal la obtención de 500 mil millones de pesos vía impuestos a cervezas, licores, cigarrillos y juegos de azar; también se caerían las medidas disciplinarias y penales para controlar la corrupción y fortalecer la vigilancia y el control dentro del sistema. Se eliminarían las regulaciones a las prestaciones excepcionales en salud, y dentro de ellas la posibilidad de que los usuarios paguen sus servicios con su patrimonio, pensiones y cesantías.
En el mismo sentido quedarían sin vigencia las multas y sanciones a los médicos que se salgan de los estándares, así como las medidas tomadas para controlar la elusión y evasión de cotizaciones y todas las disposiciones en materia de contratación.
Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO
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